Alpa declaró en el juicio de la Subzona 14 III: “La Unlpam fue parte del aniquilamiento del derecho a la educación”

“Nuestra universidad ha sufrido y ha formado parte de un perverso círculo en el que se proyectó el aniquilamiento simbólico y material del derecho social a la educación, su despolitización, el achicamiento y desfinanciamiento del sistema“, dijo.

La siguiente es la declaración que hizo Alpa ante el Tribunal:

“En primer lugar, quiero agradecer al Tribunal por la oportunidad de que la voz de las Querellas Institucionales sea escuchada en este juicio, y por ello mismo y por su trabajo permanente quiero agradecer especialmente también a los y las profesionales que llevan adelante el patrocinio legal de las Querellas, así como a quienes integran el equipo de la Fiscalía.

La Universidad Nacional de La Pampa definió por Resolución Nº 34/2013 de su Consejo Superior, actuar como querellante en estos juicios, siendo así de las pocas universidades que tomó esa decisión institucional; y lo hizo considerando que “…en el marco de la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de la verdad y la justicia, es de alta relevancia institucional que la Universidad Pública investigue, recopile y publique los hechos de violaciones a los mismos en contra de la Institución y/o integrantes de la comunidad universitaria durante el periodo de terrorismo de Estado.”, y con la pretensión que “…la actuación de la Universidad Nacional de La Pampa como querellante sea activa y trascendente, que no se limite a un mero control de las actuaciones sino que sus acciones materiales sean tendientes al esclarecimiento de la verdad y la obtención de justicia”.

La Universidad en particular, y el sistema universitario público argentino en general, son espacios generadores de un enorme valor cultural, social y simbólico. Cultural porque dada su propia índole es productora de conocimientos que influyen decisivamente en el mundo en que vivimos; social porque sus productos y sus personas están impregnadas íntimamente del prestigio que la sociedad le reconoce, con relación a su actividad; y simbólico por los valores y conocimientos que produce y reproduce.

De todo el grupo de víctimas del terrorismo de estado en La Pampa, que dependiendo de cómo se consideren puede superar las doscientas personas, un importante número de ellas, entre 50 y 70, pertenecían a la UNLPam entre estudiantes, nodocentes, docentes y autoridades. Sin duda fueron víctimas todas aquellas que, comprometidas en el proyecto de conformación de la UNLPam, vieron sus vidas truncadas por el exilio, la detención y la tortura, el desempleo y las cesantías. Los dispositivos de control que recayeron sobre sus figuras son del orden del control de lo ideológico en la organización de la enseñanza, en la selección bibliográfica y en los contenidos. Se establece vigilancia incluso sobre docentes y estudiantes, a través de oficiales “infiltrados” que controlaban, de primera mano, lo que sucedía en las aulas.  

Con todo lo que significa la lesividad en las personas, hay además otros daños. El epistémico o cultural, que tiene que ver con el borramiento y la estigmatización de enteras corrientes de pensamiento, de enseñanza, de investigación y extensión. El ejemplo más notorio en la UNLPam fue el Instituto de Estudios Regionales, cuya intervención a fines de 1975 inició la escalada represiva sobre nuestra Universidad, porque además coincidió con la primera detención de un integrante de la comunidad universitaria.

Esas otras formas de daño, adoptadas como medidas de control interno, incluyeron también el cierre del Comedor Universitario -espacio logrado por las luchas estudiantiles-, la intervención de la Cooperadora de la UNLPam, el cierre de residencias donde se alojaban docentes que llegaban a General Pico.

Hay que contar otro daño, el institucional: no sólo porque el estatuto de la UNLPam y sus órganos de gobierno y académicos fueron arrasados, al igual que los Centros de Estudiantes, sino también porque se puso de manifiesto el veneno de la vigilancia, la delación y la expulsión, en franca sintonía con el propósito de achicamiento del sistema universitario: el cobro de aranceles, los cupos por formación profesional, los exámenes y tests de ingreso; mecanismos todos de desaliento para el ingreso universitario.

En suma, nuestra Universidad ha sufrido y ha formado parte de un perverso círculo en el que se proyectó el aniquilamiento – simbólico y material – del derecho social a la educación, su despolitización, el achicamiento y desfinanciamiento del sistema, la selectividad educativa, la descontextualización y atomización del conocimiento, así como los principios “epistemológicos adecuados” para la construcción de nuevos saberes, el desmantelamiento del pensamiento científico y la extensión entendida como “culturalista recreativa”. Se clausura así el proyecto político de una universidad liberadora – del 74’ -, al servicio del pueblo, donde las demandas organizadas empiezan a ser vistas como situaciones de ingobernabilidad que se extienden a toda la sociedad.

La dictadura hizo de la Universidad un instrumento viable para que el orden autoritario, impuesto a la fuerza, expandiera su propia lógica no sólo entre los claustros que la habitan, sino también en los vínculos que establece con las comunidades a través del saber, de la investigación y la extensión. La Universidad se erigió así no sólo en la reproductora, sino en quien reside la responsabilidad de la producción de nuevos órdenes de sentido que dotan de legitimidad lo que se pretende imponer. 

Pero la Universidad Pública es también, y antes que todo lo que la dictadura hizo o pretendió hacer de ella, la institución de la reforma de 1918 y sus principios de autonomía y educación pública, la del decreto de gratuidad del 22 de noviembre de 1949, la de la creación de nuevas universidades en territorios urbanos obreros, que permiten la distribución más equitativa del conocimiento y la movilidad social de sectores de la comunidad trabajadora que nunca tuvo acceso a las carreras de grado y posgrado, como lo tiene hoy.

En definitiva, la Universidad ha asumido y asume día a día el compromiso de articular un sistema público, solidario e inclusivo, con un rol protagónico en la construcción de la sociedad; y ese compromiso abarca la defensa de los derechos humanos y la formación de una ciudadanía consustanciada con la democracia y los valores de justicia y solidaridad, ratificando nuestra postura en claves de reivindicación, de reparación histórica, simbólica y real, y con la perspectiva de género que precisamente este proceso implica para relevar también de una vez y por todas el modo diferencial en que la dictadura afectó a las mujeres y que durante tantos años fue invisibilizado.

De ese modo, la Universidad Nacional de La Pampa se funde con el largo proceso de Memoria Verdad y Justicia que llevan adelante nuestros pueblos, y que se representan en este Juicio y en nuestro rol como Querellantes. Muchas gracias“.

En este tercer juicio se juzgan a los responsables de delitos de lesa humanidad contra 197 víctimas. Incluye también una serie de delitos sexuales.

Uno de los principales acusados es Luis Baraldini, exmilitar y exjefe de la Policía durante la dictadura, quien ya fue condenado en el segundo juicio.

Además, están acusados el exmilitar Néstor Greppi y el expolicía Carlos Reinhart. Ambos fueron condenados en el primero y el segundo juicio.

También se juzga a los exmilitares Néstor Greppi y Jorge De Bartolo, y los expolicías Carlos Reinhart y Humberto Riffaldi.

A su vez, otro de los imputados, el exmayor y jefe de Operaciones del Regimiento de Toay durante la dictadura, Gerardo Jáuregui, falleció el año pasado.

Fuente: Diario Textual