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Según fuentes oficiales, el conflicto penal se resolvió por el procedimiento de juicio abreviado, convenido entre la fiscala Alejandra Moyano González, la defensora oficial Marina Zabala y el propio imputado, un jornalero de 60 años que admitió la autoría de los hechos y que no registra antecedentes.
El citado delito está previsto en el artículo 301 bis del Código Penal, señalando que será reprimido con prisión de 3 a 6 años el que “explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente”.
En la causa quedó probado que, sin poder precisar la fecha exacta, “pero desde hace varios años”, R. venía explotando, organizando y operando juegos de azar, “concretamente el juego de quiniela, al receptar apuestas en forma clandestina de dinero sin la debida autorización de la Dirección de Ayuda Financiera para la Acción Social (Dafas)”, detalló Espínola en la sentencia.
El juez y las partes tuvieron en consideración como pruebas para condenar al acusado, entre otras, la denuncia efectuada por el Instituto de Seguridad Social, el allanamiento a su vivienda y el secuestro de “anotaciones varias escritas en tinta, como así también impresas y tickets de quiniela”, dos fajos de billetes conteniendo 9.000 pesos en billetes de diez a mil pesos y un celular.
“Más allá del reconocimiento realizado por el imputado, al suscribir el acuerdo de juicio abreviado, considero que el hecho se encuentra debidamente probado, considerando que se incorporó como prueba de cargo la denuncia formulada por el apoderado de la Dafas, dando cuenta que un tal ‘Bocha’ R. estaría organizando la quiniela clandestina en Victorica, brindando datos de su domicilio y números telefónicos”, indicó el magistrado.
Espínola añadió que ello fue “corroborado con una nota remitida por agencieros oficiales” y por “las anotaciones y el dinero secuestrado, inequívoca existencia de que R., al momento de llevarse a cabo el procedimiento judicial, se encontraba organizando apuestas de quiniela clandestina” sin contar con la autorización del ente provincial.
En los abreviados el juez no puede imponer sanciones más gravosas que las requeridas por el Ministerio Público Fiscal. En este caso, además, se le fijó al imputado el cumplimiento de reglas de conducta durante dos años: fijar residencia, debiéndose presentar ante el Juzgado de Paz de Victorica en forma trimestral; y someterse al cuidado de la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación para personas en conflicto con la ley penal. â
