InfoHuella
Las irregularidades fueron detectadas durante 2024 y derivaron en la intervención del Ministerio de Educación, que dispuso la apertura de un sumario administrativo para determinar responsabilidades. Con el avance de la investigación, organismos de control como la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) y el Tribunal de Cuentas también tomaron intervención.
Chos Malal es un paraje del oeste pampeano, ubicado a unos 60 kilómetros al sur de La Humada y a 5 kilómetros del límite con Mendoza. Se trata de una comunidad pequeña, de alrededor de 100 habitantes distribuidos en unas 30 familias. La actividad económica, en medio de un terreno agreste, gira en torno a la cría de chivos.
La escuela hogar -abierta recién en 2007- cumple un rol central como espacio educativo y social en este paraje, considerado uno de los más pobres de La Pampa.
Hace dos años, Educación puso la lupa en una de las docentes y denunció el caso ante la FIA. De acuerdo con la investigación, la FIA, mediante la Resolución N° 566/24, dio curso al sumario y delegó su instrucción en el Tribunal de Disciplina de Educación. A partir de la recolección de pruebas, se le imputaron a la directora cinco hechos: la falta de presentación de documentación en tiempo y forma; permitir que su esposo condujera un vehículo oficial sin autorización y cargara combustible tanto en ese rodado como en un vehículo particular y en bidones a nombre de la escuela; la contratación de su esposo como comisionista, pese a contar con recursos oficiales para esas tareas; el traslado de combustible a su domicilio particular abonado con fondos escolares; y la falta de rendición de gastos ante el Tribunal de Cuentas correspondiente al ejercicio 2023.
Durante el proceso, pudo saber Diario Textual, la docente se presentó a la audiencia de indagatoria, aunque no declaró en ese acto. Posteriormente realizó un descargo, ofreció pruebas y presentó su alegato defensivo.
Finalmente, el Tribunal de Disciplina, mediante el Dictamen N° 73/25, consideró acreditadas las cinco imputaciones y recomendó la sanción de cesantía. Este criterio fue respaldado por el fiscal general de la FIA, Juan Carlos Carola, quien avaló la medida en una resolución posterior.
Ahora, la definición quedó en manos del Poder Ejecutivo provincial, que deberá resolver mediante decreto si aplica la expulsión definitiva de la docente de la administración pública.
Fuente: Diario Textual
