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Un nuevo capítulo, de un viejo robo
La histórica disputa por el río Atuel sumó este viernes un nuevo capítulo, un nuevo robo. El Gobierno de Javier Milei firmó un decreto que deja sin efecto la norma vigente desde 1973 y establece que, en adelante, el 100% de las regalías hidroeléctricas generadas por el Sistema Los Nihuiles corresponderá a Mendoza.
La decisión provocó una inmediata reacción del gobernador pampeano Sergio Ziliotto, quien acusó a Mendoza y al Gobierno nacional de avanzar contra los derechos de La Pampa.
“No solo Mendoza nos robó un río. Ahora junto al Gobierno de Milei, que deroga el Decreto 1560/73, nos quitan sus regalías. ¡No nos quedaremos quietos! El Río Atuel también es pampeano!!!”, publicó Ziliotto.
El decreto presidencial sostiene que la fuente hidroeléctrica efectivamente aprovechada por Los Nihuiles se encuentra íntegramente dentro del territorio mendocino. Por esa razón, el Ejecutivo nacional interpreta que las regalías deben pertenecer exclusivamente a Mendoza.
Un decreto que cambia un esquema de más de 50 años
El Decreto 1560/73 había establecido un reparto de las regalías hidroeléctricas entre Mendoza y La Pampa. Ese esquema se mantuvo durante décadas.
Ahora, el Gobierno nacional no solo rechazó el recurso que Mendoza había presentado contra aquella norma, sino que en el mismo acto decidió dejarla sin efecto.
El artículo 4° del nuevo decreto establece que las regalías hidroeléctricas previstas en la Ley 15.336, correspondientes al Sistema Los Nihuiles y que se devenguen a partir de la entrada en vigencia de la medida, corresponderán en su totalidad a Mendoza.
La modificación tiene una consecuencia concreta: La Pampa deja de percibir hacia adelante esos recursos, pese a que durante décadas fueron distribuidos entre ambas provincias.
El Atuel es un río interprovincial
La Pampa también sostiene su posición sobre un antecedente histórico de enorme importancia.
En 1987, la Corte Suprema reconoció al río Atuel como un curso de agua interjurisdiccional y sostuvo que las provincias debían avanzar hacia una utilización razonable y equitativa del recurso.
Ese fallo se convirtió en uno de los pilares jurídicos del reclamo pampeano.
Tres décadas después, en 2017, la Corte volvió a intervenir en el conflicto y ordenó avanzar en la determinación de un caudal mínimo para recomponer el ecosistema del oeste pampeano, además de establecer la necesidad de una gestión interjurisdiccional del recurso.
Para La Pampa, esos antecedentes impiden analizar el aprovechamiento del Atuel exclusivamente desde la perspectiva del territorio mendocino.
El planteo provincial es que el río no termina jurídicamente donde termina una provincia y que los beneficios derivados de su aprovechamiento tampoco pueden ser analizados ignorando su carácter interprovincial.
Más de medio siglo después, otro robo al Atuel
El decreto firmado por Milei modifica una situación que se mantuvo durante más de medio siglo y vuelve a poner al Atuel en el centro de la agenda política y judicial.
Para Mendoza, la explicación es territorial: la infraestructura hidroeléctrica y la fuente efectivamente aprovechada están dentro de su territorio.
Para La Pampa, en cambio, el problema no puede reducirse a una cuestión de límites provinciales: el Atuel es un río interjurisdiccional, existe un acuerdo de 1992 homologado por la Corte y durante décadas La Pampa percibió las regalías correspondientes.
La discusión que se inicia ahora será, en definitiva, si un decreto presidencial puede modificar ese esquema y dejar sin efecto derechos que La Pampa considera respaldados por acuerdos interprovinciales, legislación nacional y antecedentes de la Corte Suprema.
Mientras la provincia prepara su estrategia judicial, Ziliotto dejó clara la posición política del Gobierno pampeano:
“El Río Atuel también es pampeano”.
