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Se está trasladando cada vez más responsabilidades a las provincias, sin recursos ni una transición que asegure un piso común de derechos en todo el país. Aunque muchas jurisdicciones están destinando recursos propios y buscando sostener las prestaciones, sus capacidades son desiguales. En 2025, Amnistía Internacional recibió más de 400 consultas y denuncias por barreras para acceder a un aborto.
Desde 2024, el Estado nacional dejó de comprar y distribuir los medicamentos para la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE) que adquiría y enviaba a las provincias. Hasta entonces, la compra centralizada no sólo aseguraba las medicaciones: permitía reducir costos, planificar la provisión, coordinar la respuesta sanitaria y contribuir a garantizar un piso mínimo de acceso en todo el territorio.
Frente a ese retiro, muchas provincias están sosteniendo con recursos propios prestaciones que anteriormente contaban con apoyo nacional. Amnistía Internacional ha observado que, ante las consultas y denuncias que recibe, numerosos programas provinciales intervienen para resolver obstáculos, procuran asegurar medicamentos y articulan con los efectores de salud para garantizar las prácticas.
El impacto de este retiro no es igual en todo el territorio. Las provincias tienen capacidades fiscales, administrativas y de compra diferentes y, además, proporciones muy distintas de población que depende exclusivamente del sistema público. Mientras en provincias como Chaco, Formosa y Santiago del Estero más del 50% de la población cuenta únicamente con cobertura del sistema público, en la Ciudad de Buenos Aires esa proporción es del 16,3%.
“Las provincias están haciendo un enorme esfuerzo por sostener el acceso al aborto frente al retiro del Estado nacional. Pero no se puede reemplazar una política federal con veinticuatro respuestas diferentes. El Estado nacional conserva una responsabilidad fundamental de rectoría, coordinación y garantía de un piso mínimo de derechos en todo el territorio. Cuando abandona esas funciones, las desigualdades entre provincias terminan convirtiéndose en desigualdades en el ejercicio de derechos” , señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Durante 2025, se incrementaron los obstáculos en el acceso al aborto por faltante de insumos
Algunas provincias intentaron compensar la discontinuidad de la provisión nacional mediante compras realizadas con recursos propios. Sin embargo, distintas jurisdicciones reconocen que no tienen capacidad suficiente para garantizar de manera regular una provisión equivalente a la que anteriormente realizaba el Estado nacional.
Amnistía Internacional recibió consultas de mujeres que, ante la falta de medicación disponible en el sistema público, fueron informadas de que debían adquirirla por sus propios medios. Con precios que pueden alcanzar los 300.000, algunas relataron que evaluaron pedir dinero prestado y otras se endeudaron para acceder a una práctica que el sistema de salud debe garantizar gratuitamente. Para quienes no pueden afrontar esos costos, la falta de medicamentos disponibles en el sistema de salud se traduce en mayores riesgos para su salud y su vida, al aumentar la exposición a prácticas inseguras.
En este contexto, Amnistía Internacional registró durante 2025 un aumento significativo en la cantidad de consultas y denuncias por obstáculos en el acceso al aborto recibidos a través de su formulario online, superando en más de un 300% los casos recibidos en el año anterior. Más del 65% de quienes se comunicaron con la organización no sabían cómo ni dónde acceder a una interrupción legal del embarazo.
