La legisladora explicó que “el presente proyecto de ley es motivado por el notable incremento, sobre todo en los últimos tiempos, de acciones de violencia de padres y/ o personas con algún vínculo con alumnos sobre trabajadores docentes y no docentes de establecimientos educativos, tanto de gestión pública como privada”.

“Las razones de tal incremento son múltiples y complejas,  y lamentablemente no se limitan exclusivamente al ámbito de los establecimientos educativos, sino que afectan a gran parte del colectivo social y se expresan en los más diversos órdenes, desde el tránsito hasta los espectáculos deportivos”, sostuvo en un comunicado enviado a InfoHuella.

Diaz expresó que “es un fenómeno que amerita un abordaje integral e interdisciplinario, trabajar sobre las causas del mismo y generar los instrumentos sociales, institucionales, normativos  y formativos a fin de superar los niveles de violencia existentes”.

La diputada provincial admite que “este proyecto no es la solución al problema, pero mientras estas situaciones suceden, el Estado provincial no puede renunciar a intervenir cuando tales conductas alteran el funcionamiento del servicio educativo, afectando la integridad física y psíquica de los trabajadores de la educación. Que los derechos de los/las trabajadores de la educación sean perturbados hace también que se pierda calidad educativa”.

Por último, Josefina Díaz recordó que “producto de que esta problemática social se da cada vez más, trascendiendo límites, existen antecedentes sobre legislación al respecto, como por ejemplo en la Provincia de Buenos Aires la ley N°14.898 sancionada a fines de 2016 y en Tucumán la ley N° 9.010 sancionada en abril del corriente año, como así en la Provincia de Córdoba la ley N°10.326 sancionada en diciembre de 2015 y en Mendoza la ley N°8.728 del año 2014”.