Peronismo y dictadura: los que también pusieron el cuerpo

Por: Norberto G. Asquini y Nelson Nicoletti 

Tal vez porque los protagonistas de los años setenta estaban vivos, tal vez para no desenterrar los conflictos setentistas o por tener que abordar de manera incómoda las responsabilidades de sectores de ultraderecha como la Triple A, el peronismo no afrontó hasta no hace mucho su papel frente al Terrorismo de Estado. Estas contradicciones fueron evidentes: mientras en 1983 se negó a integrar la CONADEP y hasta sonó un indulto a los militares, en La Pampa se investigó a los policías represores y se reincorporó a los empleados públicos cesanteados. En esta línea, en los tres juicios a la Subzona 1.4 que se hicieron en La Pampa, el peronismo apenas es mencionado como identidad política de muchas de las víctimas, si bien los motivos de sus padecimientos estuvieron vinculados directamente con su pertenencia.

El Terrorismo de Estado en su más terrible expresión como fue la desaparición tuvo como principal objetivo a organizaciones armadas o agrupaciones juveniles de la izquierda del peronismo. Pero no fue solo la izquierda a donde apuntó la dictadura militar.  Como indicó la proclama del llamado “Proceso de Reorganización Nacional”, el golpe militar tuvo como causa y justificación acabar con “el desgobierno, la corrupción y el flagelo subversivo”.

Y en La Pampa, además de la represión contra ciudadanos considerados “subversivos” por sus ideas o militancia, los militares, junto con los civiles que apoyaron y acompañaron su gobierno de facto, tuvieron como objetivo perseguir al peronismo y desmantelar al Gobierno puesto en marcha a partir de 1973.

Las víctimas del peronismo

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El gobernador José Aquiles Regazzoli fue detenido, así como dos de sus hijos. El vicegobernador Rubén Marín sería arrestado en 1977. El ministro de Obras Públicas, Santiago Covella, dos diputados nacionales (Aragonés y Rolando), tres diputados provinciales (Accátoli, Gil y el aliado Cuevas), el intendente de General Pico, Norberto Torres, al menos 17 funcionarios provinciales, más de 45 empleados y contratados de la Provincia (como los ex estudiante de la UTN en Pico), cinco gremialistas y el periodista Nelson Nicoletti, fueron secuestrados y en algunos casos torturados por el grupo de tareas de la Subzona 1.4. Mireya Regazzoli, Accátoli, Gil y Nicoletti pasarían más de un año en una cárcel de máxima seguridad.

También hubo detenidos por causas políticas entre las autoridades y funcionarios nombrados durante el gobierno peronista. Muchos antes del golpe militar, cuando comenzó a funcionar la Subzona 1.4 y el gobierno provincial bajo presión tuvo que ceder en la avanzada autoritaria: en la Universidad Nacional de La Pampa (el ex rector Jorge Bragulat y el docente Hugo Chumbita, por nombrar dos de una larga lista), en el Servicio Provincial de Salud (puesto en marcha por el peronismo), en la delegación de la Universidad Tecnológica Nacional de General Pico (el ex decano Agaya, entre otros) y la delegada del plan nacional de alfabetización, Cristina Ercoli, encarcelada fuera de la provincia. Y lo mismo ocurrió con el colegio secundario de Jacinto Arauz (varios docentes de Bahía Blanca) y en la Escuela Hogar de Santa Rosa (el director Cristóbal Rodríguez Kessy, entre otros).

El Terrorismo de Estado se desató sobre cualquier manifestación que “subvertía” el orden que quería implementar el denominado Proceso (hubo detenidos de diferentes expresiones de la izquierda local), y la aniquilación de las organizaciones armadas, pero el peronismo fue un objetivo claro por su representación popular y estatal. Por supuesto que esto no puede desvincularse de la represión y persecución iniciada en 1955 hacia las clases populares.

Docentes cesanteados, perseguidos o sospechados, empleados públicos que se quedaron sin trabajo o periodistas censurados también fueron parte de ese Terrorismo de Estado más silente pero presente.

El Estado peronista como objetivo

Más allá de la crisis económica e institucional en que se encontraba el país antes del golpe, de los enfrentamientos al interior del peronismo, situación histórica atravesada por problemas profundos, y de la violencia política en la que ya actuaban grupos parapoliciales y organizaciones armadas, el golpe también tuvo el objetivo de eliminar la idea del Estado de Bienestar.

Si durante el gobierno de Regazzoli y a instancias del peronismo se sancionó la Ley 643, el estatuto para los agentes de la Administración Pública, una de las primeras tareas en que se empeñaron las nuevas autoridades de facto asumidas en marzo del 76 fue acusar al gobierno legítimo depuesto de incrementar la planta estatal, argumento para comenzar la purga de cientos de empleados.

Y si bien en muchos casos los secuestros-detenciones tuvieron como causas las militancias e ideas consideradas “subversivas” por las Fuerzas Armadas, los golpistas buscaron destruir al Estado puesto en marcha durante el peronismo bajo acusaciones de “corrupción”. A varios de los secuestrados que eran ex funcionarios peronistas se les preguntó durante los “interrogatorios” bajo tortura una y otra vez sobre “los campos” y el dinero del ex gobernador o de ex funcionarios. Hubo empleados y empleadas y 18 proveedores del Estado de obras públicas detenidos y torturados a los que se les iniciaron causas para investigar supuestos sobornos que nunca se comprobaron. Una de las pocas que prosperó fue la iniciada a una empleada que tuvo que firmar su declaración luego de sufrir tormentos.

En los 50 años del golpe de Estado es necesario revisitar la responsabilidad histórica y política del peronismo con respecto a la violencia política de los años previos, pero también es necesario reivindicar a las víctimas y a un movimiento popular que también fue víctima del Terrorismo de Estado en muchas de sus formas.

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