Territorio y Memoria: Las huellas de la dictadura en el oeste pampeano

Cada 24 de marzo, cuando la memoria vuelve al centro de la escena pública, no solo se reactualiza el recuerdo del terror, sino también la necesidad de interrogar las condiciones que lo hicieron posible, los consensos que lo rodearon y las huellas que todavía persisten en la vida política, social y cultural del país. En consecuencia, volver sobre esta fecha exige bastante más que repasar la cronología del horror: exige preguntarse qué tipo de sociedad se quiso destruir, qué tipo de orden se intentó imponer y por qué esa violencia sigue interpelando el presente con una intensidad que no admite el olvido.

Ahora bien, esta historia no puede explicarse mirando solo hacia adentro. Para entender el cuadro completo, hace falta ampliar la mirada hacia el contexto internacional y latinoamericano: la dictadura argentina se inscribió en un escenario regional atravesado por lógicas compartidas de represión, disciplinamiento y reorganización social. En ese escenario, los miedos de la Guerra Fría se articularon con un plan compartido por las élites y los mandos militares para frenar violentamente a las sociedades movilizadas del Cono Sur. Así, la violencia estatal operó como un método de reorganización social que, si bien tuvo rasgos propios en nuestro país, compartió con sus vecinos una misma ambición de fondo: desactivar la conflictividad, rediseñar el vínculo entre el Estado y el mercado, y reeducar a la población en una gramática del miedo y la despolitización. Por eso, esa violencia no fue solo represiva; fue, ante todo, una operación destinada a transformar la textura misma de nuestra sociedad.

Esta trama permite entender mejor lo que estaba en juego en la Argentina de 1976. En ese momento, el país era un espacio intensamente politizado, atravesado por sindicatos activos, centros de estudiantes y militancias diversas. Sin embargo, esa vitalidad no era leída del mismo modo por todos: mientras para los sectores populares expresaba una sociedad viva, para las élites económicas y militares significaba amenaza e inestabilidad. Es precisamente acá donde aparece una de las claves del período: la dictadura no buscó solamente eliminar enemigos identificables, sino “enfriar” una sociedad demasiado activa para el modelo jerárquico que ciertos sectores buscaban restaurar.

Este objetivo de “enfriamiento” explica por qué el Terrorismo de Estado funcionó como una tecnología de gobierno. Las desapariciones y los centros clandestinos no apuntaron únicamente a castigar cuerpos; apuntaron, sobre todo, a romper solidaridades y vaciar de densidad política el espacio público. Dicho de otro modo, el miedo se expandió como una nueva sintaxis de convivencia. De ahí que la represión alcanzara a delegados, docentes y artistas; es decir, a un arco mucho más amplio que el de la lucha armada. Esta verdad nos obliga a revisar no solo lo que hicieron los represores, sino qué formas de vida colectiva se volvieron intolerables para quienes soñaban con un orden sin conflicto.

No obstante, esta voluntad de disciplinamiento no surgió del vacío, sino que se alimentó de una fragilidad institucional y de la tensión persistente entre peronismo y antiperonismo. Bajo ese clima, el “otro” político dejó de ser un contendiente para ser percibido como una amenaza absoluta. El problema es que, cuando una sociedad asume esta lógica, el umbral de lo tolerable se altera: lo que antes era impensable se vuelve posible, y la crueldad alcanza dimensiones que rompen cualquier límite histórico. Al aceptar que una parte de la sociedad puede ser expulsada de la condición de prójimo, se habilita el terreno para lo atroz. Por eso, la dictadura no necesitó solo de armas, sino de esos silencios que todavía hoy incomodan; porque el horror solo se vuelve sistemático cuando el miedo se disfraza de sentido común.

Bajo esta lógica, la reestructuración económica no fue una consecuencia lateral, sino el objetivo final. Es fundamental comprender que no se reprimió para luego gobernar, sino que la violencia fue la herramienta indispensable para desarticular la resistencia de las mayorías. Para instalar un modelo de exclusión, era necesario quebrar la columna vertebral de la organización popular: sindicatos, comisiones internas y redes barriales. De este modo, la dictadura se revela como un proyecto refundacional de largo plazo. Lo que estaba en juego era el paso forzado de una cultura de participación hacia una nueva gramática regida por el individualismo y la especulación. Esta ruptura del lazo social es, quizás, la marca más profunda que quedó inscripta en nuestra historia: al despojarnos de la idea de que el destino de uno está ligado al del otro, la dictadura buscó una victoria que trascendiera el tiempo. Romper con esa inercia del individualismo es el verdadero acto de resistencia que nos convoca hoy.

EL OESTE NO FUE UNA ISLA: FEDERALIZAR LA MEMORIA[1]

El oeste pampeano también fue un territorio atravesado por persecuciones, silencios, secuestros, prisiones y vidas quebradas por el Terrorismo de Estado. Lo ocurrido en esta región no constituye un eco lejano de la historia nacional, sino una parte constitutiva de ella. Las huellas dejadas en escuelas, pueblos y comunidades del oeste muestran que la represión también operó en espacios donde el miedo buscó alterar la vida cotidiana, disciplinar vínculos y quebrar tramas sociales concretas. Precisamente por eso, volver sobre las historias reunidas en el oeste pampeano permite advertir de qué modo esas lógicas represivas tomaron cuerpo y forma en experiencias, nombres y escenarios concretos.

La compilación de Infohuella[2], titulada “24 de marzo: el oeste no fue una isla”, vuelve visible esa dimensión local de la memoria. Allí se reúnen artículos sobre Andrea Di Dío recordando al “Pampa” Di Dío, sobre un oesteño preso y torturado en la Subzona 14, sobre el caso de Roque Pescara, sobre Nelson Nicoletti, sobre el secuestro en la Escuela Paso de los Algarrobos, sobre referencias a los juicios por la represión en La Pampa y también sobre acciones más recientes de memoria, como el mural de la democracia pintado por estudiantes en Santa Isabel. Leídas en conjunto, esas historias no forman un simple archivo de efeméride: trazan un mapa de persecuciones, cárceles, desapariciones, silencios, reclamos y persistencias que devuelve al oeste pampeano su lugar dentro de la memoria nacional. En ese sentido, si ese mapa existe es porque detrás hay algo más que una compilación: hay interés por la temática, trabajo de archivo, entrevistas, revisión de fuentes y testimonios, y ese esfuerzo paciente de investigación que permite reunir en una misma trama historias locales que de otro modo permanecerían dispersas.

Es justamente a partir de esos casos, de esas historias situadas y de esas memorias con nombre propio, que se vuelve posible comprender con mayor hondura procesos históricos tan complejos. Lo local no reduce la dimensión de lo ocurrido: la vuelve tangible. Acerca al lector a una trama real de víctimas, persecuciones, silencios y sobrevivientes que, de otro modo, corre el riesgo de quedar reducida a cifras, fórmulas generales o escenas demasiado lejanas. Ese movimiento tiene un nombre preciso dentro de la historiografía: microhistoria[3]. Su potencia reside en que permite partir de lo próximo, de lo situado y de lo concreto para iluminar procesos más amplios sin perder densidad humana ni espesor histórico. En este caso, volver sobre las historias del oeste pampeano no implica achicar la escala de análisis, sino hacer más inteligible la magnitud de lo vivido y reconocer que en esos territorios concretos, también se jugó una parte sustancial de la historia argentina.

Por eso, federalizar la memoria no consiste solo en ampliar el mapa de lo sucedido, sino en reconocer el espesor histórico, político y humano de esas experiencias locales. No para fijarlas en una identidad regional cerrada, sino para integrarlas plenamente a una memoria nacional que solo puede ser verdadera si reconoce todas sus geografías del dolor, de la resistencia y de la supervivencia. Recuperar las historias del oeste pampeano no responde, entonces, a un gesto accesorio: es una forma de comprender con mayor profundidad lo que la dictadura hizo con el país y, al mismo tiempo, de devolverles a nuestras comunidades el lugar histórico que les corresponde.

A cincuenta años del golpe, el desafío ya no es simplemente recordar, sino asumir una decisión ética sobre qué hacemos con esa memoria. La dictadura mostró lo que ocurre cuando una sociedad, bajo el señuelo de una falsa estabilidad, naturaliza la exclusión o se convence de que un concepto vacío de orden vale más que la dignidad humana. Esa es la trampa que todavía acecha: creer que la democracia es un estado natural y no una conquista frágil, que se erosiona cada vez que aceptamos la deshumanización del otro.

Por eso, hoy no alcanza con un homenaje pasivo ni con una efeméride de calendario. Si no se vuelve herramienta de transformación, la memoria corre el riesgo de quedar reducida a una retórica de museo. Hace falta, por el contrario, recuperar el sentido de lo común y defender los derechos conquistados con la misma intensidad con la que este país se enciende cada vez que siente que algo propio está en juego. Pero esa defensa también exige mirar el país entero, reconocer sus heridas en todas sus geografías y comprender que la memoria solo se vuelve plena cuando incorpora, además de los grandes relatos, las historias concretas de cada comunidad atravesada por el miedo, la pérdida y la resistencia.

La verdadera tarea, entonces, no consiste solo en conmemorar una efeméride, sino en aprender a escuchar lo que ese día todavía tiene para decirnos. Se trata de sostener viva la memoria de las y los desaparecidos, de honrar el ejemplo inquebrantable de las Abuelas y las Madres, y de escuchar también a esos territorios, pueblos y voces que permiten comprender, desde lo cercano, la magnitud de lo ocurrido. Porque una nación no se construye desde la indiferencia ni desde el olvido de sus márgenes, sino desde una trama común tejida con memoria, verdad y justicia.