Es hoy: marcha en defensa de la Educación Pública

Mientras las universidades y los científicos se preparan para la cuarta marcha que se realizará este martes en todo el país, el gobierno, en un nuevo manotazo de ahogado, pone a funcionar la motosierra y ejecuta nuevos recortes. Una provocación que ensaya la gestión libertaria al ajustar el presupuesto de organismos emblemáticos, como el Conicet (3 mil millones de pesos menos), y reducir, entre otros, los fondos pautados para la mejora de infraestructura en universidades nacionales, a partir de una disminución de 5 mil millones de pesos. La excusa es la de siempre: sostener el déficit cero. El momento elegido es preciso: se comunica esta decisión justo cuando millones de personas se preparan para reclamar a las autoridades el derecho a estudiar y a formarse en el país. Frente a ese escenario, la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) decidió internacionalizar el conflicto y presentó una denunció ante Naciones Unidas para advertir sobre el deterioro del sistema universitario argentino y reclamar una intervención.

Jorge Aliaga, físico y secretario de Planeamiento de la Universidad Nacional de Hurlingham, relata los recortes de forma pormenorizada. En diálogo con Página 12 detalla: “Es una medida tomada como consecuencia de la baja en la recaudación. El objetivo es que los organismos no gasten y no haya déficit fiscal. Obviamente, esto va a repercutir más todavía en el funcionamiento del sistema”. Y sigue: “Lo que apareció este lunes en el Boletín Oficial se traduce en una modificación de presupuesto que agrega algunas partidas en Anses y en el pago de deuda externa, pero en la mayoría de las carteras, en particular en salud, en educación, en ciencia, en obra pública y en vialidad, presenta recortes muy importantes”.

Los organizadores de la cuarta marcha universitaria anticipan que la movilización del martes en reclamo por la Ley de financiamiento universitario congregará, incluso, a más gente que en las ocasiones previas. Fiel a su estilo, el gobierno, que busca recuperarse de la caída en la imagen pública gracias a los sucesivos hechos de corrupción de sus funcionarios, redobla la apuesta y ajusta a la educación y la ciencia, dos de las áreas más golpeadas. Como una muestra de fuerza, Milei, Adorni y compañía le suben el volumen al conflicto.

Rodrigo Quiroga, bioinformático del Conicet y de la Universidad Nacional de Córdoba, observa: “Se siente como una provocación, como un ataque direccionado e intencional. No me quedan dudas de que el gobierno tiene un plan de destrucción del sistema científico y universitario. Un plan que apunta al desgaste, a que nos desangremos y en parte les funciona porque hay renuncias por goteo. Todos los días se va un científico o un profesor universitario deja un aula”.

A su turno, Roberto Salvarezza, presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, dice: “El gobierno de Milei sigue profundizando el estrangulamiento del sector de ciencia y tecnología. Un recorte que lleva a una reducción de la función ciencia y técnica de casi el 50 por ciento en términos reales respecto del 2023. La proyección para 2026 es menor al 0,15 por ciento del PBI, perforando mínimos históricos”.

Universidades y Conicet: recortes que huelen a provocación

En el caso de educación, la motosierra se aplicó, una vez más, sin medir consecuencias. Así lo especifica Aliaga: “Hay un recorte en la secretaría de Educación de 78 mil millones de pesos. Hay, además, un recorte de obra pública en universidades también importante, que es de 5 mil millones de pesos sobre 9 mil millones que había en el presupuesto”.

En este caso, relata Aliaga, se vincula con un crédito internacional de la Corporación Andina de Fomento. La CAF se comprometió años atrás a apoyar al gobierno argentino a financiar obras de infraestructura de universidades nacionales de diferentes provincias. A partir de ahora, según se prevé, el gobierno no solicitará nuevos desembolsos.

Las instituciones afectadas con la suspensión de transferencias para la inversión en infraestructuras son: Universidad Nacional de Entre Ríos, Universidad Nacional de San Martín, Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Universidad Nacional del Nordeste, Universidad Nacional Río Cuarto, Universidad Nacional de Villa María, Universidad Nacional de las Artes, Universidad Nacional de Avellaneda, Universidad Nacional José C. Paz y Universidad de Rafaela.

Más allá de los recortes en vialidad --de casi 100 mil millones pesos-- y en salud --63 mil millones-- se destacan distintos ajustes en los diversos organismos que componen el sistema de ciencia y técnica. Por ejemplo, en Conicet son 3 mil millones de pesos (que equivale a un 10 por ciento de las partidas de funcionamiento del organismo) y en la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, se advierte un ajuste total de 850 millones de pesos. La motosierra en Conicet se sentirá, por caso, en rubros disímiles: habrá menos dinero para equipos de computación, para becas de investigación orientadas a la formación de recursos humanos, así como también para tareas de divulgación y comunicación científica.

El último informe elaborado por el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti) y la Federación de Docentes de las Universidades apunta que los salarios de los trabajadores universitarios tuvieron una caída real del 33,7 por ciento en los últimos 29 meses y cayeron por decimoséptimo mes consecutivo. Para volver al nivel que tenían en noviembre de 2023 y recuperar lo perdido en este lapso, tendrían que incrementarse un 50 por ciento.

Quiroga opina: “No nos salvamos solos, necesitamos acciones colectivas. No hay plata para los universitarios, pero sí para bajar impuestos a autos de lujo. El gobierno se resiste a aplicar la Ley de financiamiento universitario y lo lleva hasta las últimas instancias”. Como refiere el científico, gracias a un recurso presentado por el gobierno, ahora será la Corte Suprema la que deberá decidir sobre la aplicación de la norma, que asegura salarios dignos y la cobertura de gastos de funcionamiento adecuados para que las casas de estudio puedan seguir abiertas.