"En el hecho de una niña abusada, en la zona de Chos Malal, y con un embarazo detectado a los 8 meses, desnuda la desprotección que vivió ésta niña y la ausencia de políticas públicas que exige la legislación vigente para prevenir estos traumáticos episodios", dijeron.
Los diputados le pidieron a Desarrollo Social que informe sobre el procedimiento que adoptó la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia como autoridad de aplicación de la ley 2703 y sobre si actualmente se asiste, protege y se resguarda la niña para promover la recuperación física y sicológica.
A Salud le solicitaron saber en qué fecha fue noticiado y se le brindó la primera atención a la niña embarazada; que procedimiento se adoptó en forma inmediata frente la denuncia recibida, en cumplimiento de la asistencia integral a la embarazada; y si a la fecha se ha garantizado el debido tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico ambulatorio.
En tanto, al Ministerio de Educación se le pide que informe sobre la regularidad de asistencia de la niña al establecimiento educativo al que concurre; si los trabajadores docentes del establecimiento percibieron que la niña presentaba signos o síntomas conductuales de posibles abusos sexuales, en tal caso, si informaron y cómo y cuándo lo hicieron a sus autoridades; si se garantizó la Formación integral en Educación Sexual y la implementación de las acciones establecidas por la Ley 26150 Programa Nacional de Educación Sexual Integral; cuáles son los programas de capacitación permanente de los educadores y equipos técnicos, en el marco de la formación docente continua, y para detectar anomalías en la conductas de educandos víctimas de abusos; y cuáles son las conclusiones del seguimiento, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades obligatorias realizadas.
"De las declaraciones periodísticas del fiscal Guillermo Sancho se desprende que 'se le dio intervención y conocimiento al Ministerio de Salud y a la Dirección de Menores' y del diputado provincial Luis Solana que 'lo más curioso es que desde la Dirección General de Niñez y Adolescencia de la Provincia y la jefa sanitaria de la zona oeste ya estaban en conocimiento de la situación desde hace una semana', lo que deja ver la negligencia del Estado", se afirmó en los argumentos del pedido.
"Queda evidenciado la falta de políticas públicas relacionadas a la Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y nos muestra claramente la ausencia del derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes de recibir en el ámbito educativo la formación integral en Educación Sexual, garantizada por la Ley Nacional 26150 y la Ley Provincial 2511", aseguraron los bloques del Frepam y el FPV.
