InfoHuella
Sergio Rodríguez, quien está al frente de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, denunció hace unos días a funcionarios y ex funcionarios de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico – SEDRONAR - por el otorgamiento irregular de subsidios por una cifra que supera los 180 millones de pesos.
Para el fiscal se debe investigar a los responsables de haber entregado 31 subsidios -a diferentes fundaciones, asociaciones, universidades, provincias y municipios- incluidos en el Programa Nacional de Abordaje para la prevención de la drogadicción y la lucha contra el narcotráfico. Los fondos provenían del Plan Nacional Recuperar Inclusión. El dinero salía del ministerio de Planificación Federal y era derivado a la SEDRONAR, consignó el Informe publicado por el periodista Omar Lavieri en InfoBae .
El Programa investigado tenía por objeto financiar experiencias de trabajo comunitarias y gubernamentales para contribuir a la prevención, capacitación y asistencia en la temática de las adicciones. Buena parte de los subsidios se solicitaron para la construcción de centros para la prevención de las adicciones.
La investigación de Rodríguez, que fue designado en la PIA durante la gestión de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, determinó que se cometieron irregularidades en la tramitación de 31 expedientes de subsidios iniciados en los últimos días del año 2014 cuando al frente de la SEDRONAR estaba el cura Juan Carlos Molina.
Molina, su sucesor Gabriel Lerner y el actual secretario de la SEDRONAR, Roberto Moro fueron imputados por el fiscal Rodríguez. A los primeros-funcionarios de la era kirchnerista- se les adjudica responsabilidad en el otorgamiento de los subsidios a pesar de las irregularidades detectadas. En tanto al funcionario macrista el fiscal Rodríguez le imputó el haber autorizado las órdenes de pago de dos de los subsidios que habían sido otorgados de manera irregular.
En la PIA determinaron que los subsidios fueron entregados sin controlar que, por ejemplo, varios de los presupuestos de gastos hechos por diferentes entidades eran iguales pero diferían en los montos. En algunos expedientes de los subsidios se detectó, inclusive, documentación duplicada: usaron papeles idénticos para pedir subsidios diferentes. Los pedidos de subsidios no fundamentaron la propuesta de intervención requerida y algunos tenían los mismos diagnósticos de situación en los que se repetían descripciones y detalles.
La investigación de la PIA detectó falta de correlatividad de los actos administrativos ya que para darle validez al trámite, se antedataron documentos y de esa manera pudieran otorgarse los subsidios. La mayoría de las resoluciones fueron firmadas en diciembre de 2014 y con una celeridad que también llamó la atención de los investigadores.
Según la denuncia de Rodríguez a la que accedió Infobae, hubo una “total falta de control por parte de las autoridades” de los fondos otorgados y del cumplimiento del fin social al que estaba destinado el dinero.
Otra de las irregularidades determinadas fue la ausencia de control en la rendición de los fondos otorgados. La PIA señaló que no hubo presentaciones con los gastos sino hasta que los receptores de los subsidios fueron intimados mucho tiempo después. En varios expedientes se detectaron tanto irregularidades en la otorgamiento del subsidio cuanto en la presentación de las rendiciones de cuentas. Y a pesar de ello se otorgaron nuevos pagos, sin la verificación tanto del inicio de las obras para las que fuera destinado el dinero como de su ejecución en tiempo y forma. Para la PIA se distribuyeron subsidios sin control y sin siquiera cumplir con los formalismos pertinentes para montar “una puesta en escena, a los fines de poder aparentar un legal procedimiento de entrega de subsidios”.
El fiscal Rodríguez imputó a Molina, Lerner y Moro y a otras 15 personas que tuvieron relación directa -desde el punto de vista administrativo- con el otorgamiento y el pago de los subsidios irregulares.
En la denuncia Rodríguez dejó abierta la posibilidad de que sean imputadas también las autoridades de las entidades que recibieron los subsidios.
Ellas son la Fundación María de los Ángeles por la lucha contra la trata de personas, la Asociación Civil Institución Salesiana San Francisco Javier, la Asociación Civil Sol de Mayo, la Asociación Civil Madres contra el paco y por la vida y la Fundación Padre Miguel.
Y además la Asociación Civil Ushuaia Participa, la Fundación Creando Futuro, la Universidad Nacional del Chaco, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, la Fundación para la Integración Federal, la Asociación Civil Hijos de Fierro, la Asociación Civil Mujeres Evita, el Club Atlético Lanús , el Club Social Deportivo de la Cárcova, la Asociación Civil Organizados por Mercedes, la Fundación Moviendo Montañas y la Asociación Civil Campo Social por la Prevención del Delito.
También recibieron subsidios de la SEDRONAR las provincias de Santiago del Estero y San Juan y las municipalidades de Tres de febrero, Concordia, Rosario, Castelli, Gral. Pueyrredón, Paraná, Colón, Moreno, Río Gallegos, Caleta Olivia, Calafate, Goya, Marcos Paz, Chivilcoy, San Miguel de Tucumán y de José C. Paz.
El caso le tocó por sorteo al juez Sebastián Ramos quien le delegó la investigación al fiscal Eduardo Taiano. Según fuentes judiciales el fiscal Taiano está cerca de pedir las primeras medidas de prueba para que formalmente comience la investigación judicial iniciada a partir de la denuncia de Rodríguez.
