El gobierno pampeano compró entre 2017 y 2018 armas a la Dirección de Fabricaciones Militares (DGFM) por un valor “extremadamente superior” al precio real, en el marco de una maniobra que desarrolló el mismo modus operandi en negociación con los gobiernos de San Juan y de ciudad de Buenos Aires.

En el episodio intervino el entonces jefe de Policía de la provincia, Roberto Ayala, durante la gestión de Carlos Verna como gobernador y de Juan Carlos Tierno como ministro de Seguridad.

La Pampa pagó $2.080.000 por 160 armas de la firma “Beretta”. Esos pagos se hicieron el 29 de diciembre de 2017 y el 3 de abril de 2018.

Los gobiernos locales abonaron cada pistola 675,67 Euros, cuando la DGFM las adquirió a 325 Euros cada una (ya con sobreprecio) y los importadores las ingresabana al país a un costo de 213,82 Euros por unidad, consignó Radio Kermés.

Toda esa información está contenida en la denuncia que ante el Poder Judicial formalizó la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. La documentación se presentó el 21 de diciembre del año pasado, acusando al exinterventor de Fabricaciones Militares durante el macrismo, Héctor Antonio Lostri (después embajador en Paraguay). El trascendido que en algún momento tuvo la información nunca refirió a la situación de La Pampa.

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se extendió la imputación al ex ministro de Seguridad y Justicia de ese distrito. En relación a la intervención de las autoridades de La Pampa y de San Juan se requirió "la profundización de la investigación". 

La denuncia asevera textualmente: “Las gobernaciones que acordaron comprar a la DGFM, adquirieron las pistolas a prácticamente el triple del valor que se habría determinado para los importadores, conforme lo informado por AFIP”.

La acusación, originalmente, imputa a autoridades de Fabricaciones Militares por la compra directa de armas a la firma italiana Fabbrica D’Armi Pietro Beretta S.p.A. Esas armas posteriormente fueron revendidas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a La Pampa y a San Juan sin autorización legal y con precios que no se correspondían a los valores de mercado, asevera la presentación.

La denuncia está firmada por el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez, la auxiliar fiscal Daniela Pérez y el auxiliar fiscal Gabriel Quintana Landau. La reventa de armas a La Pampa se señala como una “clara violación a la competencia atribuida”.

El caso se inició a partir de una queja de otra firma que vende armas, Bersa SA. La investigación se inició en los términos del artículo 27 de la ley 27.148, Orgánica del MPF, y tras recoger elementos probatorios promovió las actuaciones judiciales, ante el Juzgado Federal N°4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el número de expediente CFP7844/2021, con la intervención de la Fiscalía Federal N° 4.

Varios elementos de análisis permiten sostener que existió por parte de las autoridades de la ex DGFM una "voluntad negocial con la empresa extranjera" para adquirirle las armas a través de compra directa y más allá de las irregularidades administrativas se advirtió que los precios abonados por las 15 mil pistolas acordadas eran superiores al declarado por otros importadores de ese producto.

Se celebró un "memorándum de entendimiento" en el cual se simuló que se iba a transferir la licencia de fabricación y comercialización de un sistema de armas portátiles, que incluía la transferencia de tecnología, capacitación y equipamiento -sin perjuicio de lo cual, sólo culminó acordando el suministro de armamento-, sino que para ello se trató a la firma Fabbrica D’Armi Pietro Beretta S.p.A. como si fuera un Estado extranjero.

El armamento efectivamente recibido por parte de la empresa italiana fue revendido al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los de las provincias de La Pampa y San Juan a precios que superaban ampliamente los valores pagados por la ex DGFM. Esos montos no se correspondían a los informados a la Dirección General de Aduanas por los importadores minoristas.

La denuncia alude a las "negociaciones incompatibles" e insiste en que se cobraron “valores exorbitantes”. “Los montos por los cuales la DGFM efectuó la venta de las armas Beretta resultan ser superiores a los que emergen del expediente DGFM N° 1725/2016 y del expediente DGFM 2017-4600821/17, en los cuales dicho organismo las adquirió (o pretendía adquirirla) directamente de la firma “Beretta””, señala la presentación.

Concretamente el precio unitario que obra en cada procedimiento en que la DGFM efectuó la llamada reventa de las armas radica en la suma de $13.000; mientras que se desprende del trámite del expediente que el precio unitario por cada pistola Beretta a diciembre de 2016 era de EUR 325 ($6253). Conforme la información emitida por la AFIP, a instancias de la investigación, el precio de las pistolas Beretta a marzo de 2017 rondaba los U$D 241, aproximadamente, por unidad.

En el caso del convenio entre La Pampa y la DGFM, se determinó que en el acuerdo de venta de armas a la Provincia, Héctor Antonio Lostri (funcionario macrista) procedió a presentar la cotización de las armas. No fue objeto de estudio el expediente administrativo provincial para la compra de las armas por parte de la Provincia de La Pampa, “sin perjuicio de lo cual, conforme se viene desarrollando, a los efectos de la venta por parte de la ex DGFM se verificó que el Comisario General (R) Roberto Osvaldo AYALA emitió la orden de Provisión de Bienes y/o Servicios Nro. 222324 para la adquisición de 160 pistolas Cal. 9mm marca Beretta PX4 Storm, por el precio unitario de $ 13.000, conforme obra en el Ex2017-17957722- APN-DGFM#MD, razón por la cual corresponde su individualización y pertinente análisis sobre su posible participación en el hecho”, señala textualmente la denuncia. 

Fuente: Radio Kermés.