Condenan a furtivos en el oeste: hubo reparación económica para el dueño del campo

El juez de control de Victorica, Carlos Espínola, condenó a J. L. M. a cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo y un año de inhabilitación para realizar actividades cinegéticas, por resultar autor material y penalmente responsable del delito de caza furtiva y caza depredatoria agravada (artículos 24 y 25 segundo párrafo de la ley 22421 de Conservación de la fauna).

El juez de la IV Circunscripción señaló que el imputado, de 42 años y oriundo de Victorica, ingresó junto a seis personas a un predio rural del departamento de Loventué, “sin el permiso para realizar actividad cinegética emanado de la autoridad competente, ni del dueño o encargado del campo” y, en esas circunstancias, “haber cazado animales de la fauna silvestre y tenido en su poder 11 trozos cárnicos de especie silvestre, tres cabezas de ciervo de 7, 12 y 13 puntas y tres cráneos de ciervo, siendo dos de ellos de 10 puntas y uno de 12 y de una cabeza y una pata trasera de puma”.

El caso tuvo lugar en marzo de este año, en plena temporada de caza mayor. Los furtivos practicaban la caza en el predio La Elisa, ubicado en cercanías de Telén. Llamó la atención el campamento que habían montado en el interior del monte, que contaba hasta con un freezer. Luego se hicieron allanamientos en el domicilio de uno de los imputados, en una investigación que contó con la participación de personal de Comisaría Departamental Victorica, Coordinación Oeste URI, Patrulla Rural y el Ministerio Público Fiscal de la IV Circunscripción Judicial.

JUICIO ABREVIADO Y REPARACIÓN ECONÓMICA

El fallo de Espínola fue dictado el lunes a partir de un acuerdo de juicio abreviado elevado por la fiscal del Ministerio Público Fiscal de la IV Circunscripción Judicial María Nemesio, el defensor particular Gastón Gómez y el acusado.

El juez indicó que la calificación legal fijada por las partes fue la adecuada y también la agravante, “ya que para la comisión de los tipos penales enrostrados; el imputado obró de modo organizado, no solo por existir otros imputados y más de tres, sino por haber montado un campamento clandestino en donde se procesaron trofeos y se conservaron los productos de la caza (…), encontrándose silenciadores en algunas de las armas utilizadas”.

El resto de los seis imputados se resolvió su situación con una salida alternativa al proceso a través de una reparación económica al damnificado, en este caso, el dueño del campo y la correspondiente multa a la Dirección de Recursos Naturales por infracción a la Ley provincial 1194.

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