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Con la firma de María Servini de Cubría, el tribunal le dio un tirón de orejas a la presidenta del partido y a los interventores, entre ellos la pampeana María Luz Alonso, porque “en diez meses de gestión no habrían concretado acto alguno tendiente a la normalización partidaria, evidencia del grado de parálisis al que se encuentra sometida la vida interna del partido”.
“Luchy” Alonso, diputada provincial en La Pampa, fue designada interventora junto con Sergio Berni el 20 de mayo del 2025 luego que en febrero se definiera esa medida, y renunció el 20 de febrero pasado, para dejar a dos nuevos interventores Pablo Kosiner y Nora Cannuni. Ambos dispusieron hace pocos días la convocatoria a elecciones internas para el 25 de octubre de 2026, meses después de vencido el plazo original de intervención.
Ahora, la Cámara Nacional Electoral resolvió intervenir judicialmente ante la "prolongada parálisis institucional" y designó como interventor judicial a José Luis Napoleón Gambetta, con la misión específica de concretar la normalización del partido mediante elecciones internas.
En el texto del fallo, la Cámara indicó que en Salta, como en Jujuy, se dio “una reiterada conducta del partido nacional en cuento a su inclinación por disponer intervenciones que, más allá de las causales, no logran resolver conflictos existentes, revelando la notoria incapacidad de gestión política por parte de la conducción nacional de la entidad para resolver los problemas existentes en cada jurisdicción”.
En este sentido el fallo judicial electoral destaca que en todo proceso, los interventores designados no realizaron actos concretos ni convocatorias verificables, lo que generó un vaciamiento institucional y afectó directamente los derechos de los afiliados de Salta.
Según el tribunal, la intervención partidaria prevista en la Ley 23.298 es una herramienta excepcional, destinada a restablecer la normalidad en casos de acefalia de órganos, renuncias masivas o incumplimiento de elecciones internas. Sin embargo, el uso reiterado y prolongado de esta medida por el PJ nacional se convirtió en un "mecanismo abusivo", que no logró solucionar los conflictos del distrito y comprometió la autonomía y democracia interna del partido.
Luchy Alonso ahora deberá volver al vecino pago chico, en Telén, donde - no como interventora, pero sí como colaboradora - deberá sumarse a los esfuerzos del secretario de Turismo Saúl Echeveste en lograr la presentación de balances de la gestión municipal que dejó y que también adeuda la actual intendenta Susana Bazán desde el día que asumió (2023).
