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“Aparentemente no tendría la legitimidad del pueblo", dijo. Igualmente Suárez defendió su proyecto y sostuvo que “es mentira que donde hay una explotación minera hay contaminación".
El rechazo popular en las calles contra los cambios a ley 7.722 tuvo sus frutos. Finalmente, el gobernador Rodolfo Suárez anunció que no reglamentará la reforma que permitía el uso de cianuro y ácido sulfúrico para la explotación minera . La norma está ya sancionada, publicada y promulgada pero restaba su reglamentación, proceso legal que ahora quedará en suspenso hasta que se abra el espacio de diálogo anunciado por el gobernador radical. El siguiente paso sería la convocatoria a una consulta vinculante.
Suárez alegó que su decisión intenta llevar "paz social" ante supuestos "hechos de violencia en la provincia". Ayer la Corenave, que nuclea a reinas de la Vendimia, amenazó con suspender todos los festejos si no se cambiaba la ley . En tanto que los ambientalistas convocaron en los últimos días masivas movilizaciones para repudiar el proyecto.
"No va a estar vigente esta ley hasta que no se reglamente y vamos a hacer una gran convocatoria al diálogo y a la información de la gente", anunció ahora el gobernador en una conferencia de prensa.
Los ambientalistas creen que la decisión puede leerse como "una señal de debilidad" de la administración provincial y que la apuesta de Suárez será "convencer a la gente" en este nuevo espacio de diálogo. "Si no resulta lo que está buscando, llamará una consulta vinculante", resaltaron.
Suárez, por su parte, se quejó de que "no se está entendiendo" a lo que apunta la iniciativa y que se está intentando "asustar" a la población con desinformación. "La prioridad es garantizar la paz social. No voy a hacer nada en contra del pueblo mendocino. Vamos a convocar al arzobispado, a los sindicatos, a los partidos políticos, a las universidades, a las distintas organizaciones. No vamos a hacer nada sin consenso social", agregó.
Sin embargo, al mismo tiempo respaldó el accionar violento de las fuerzas de seguridad en las últimas marchas y negó cualquier tipo de represión. "Este debate oculto, dogmático, sin fundamentos y en base al miedo no nos está haciendo bien. No queremos que los violentos gane este debate", apuntó nuevamente contra los ambientalistas.
Además, defendió la legalidad de la iniciativa, a pesar del descontento popular que despertó. Resaltó que la propuesta "se planteó en campaña y se votó en una Legislatura por amplia mayoría". Pero por primera vez dio el brazo a torcer y reconoció que "aparentemente no tendría la legitimidad del pueblo". "Es mentira que donde hay una explotación minera hay contaminación", se defendió por último.
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