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Por Gustavo Ybarra / Diario La Nación
Hermética y simpática por igual, con una lealtad inalterable, esta joven licenciada en Economía juró al frente de la Secretaría Administrativa del Senado el pasado 28 de noviembre dejando en claro cuál es su norte: "¿Juráis a la Patria por Dios y estos Santos Evangelios desempeñar fiel y debidamente el cargo?", le preguntó la por entonces presidente del Senado Gabriela Michetti. "Por Cristina Fernández de Kirchner, sí juro", respondió Alonso, en el recinto.
Tanta devoción a la expresidenta y al "proyecto nacional y popular", como le gusta mencionar al kirchnerismo, quedó rápidamente reflejada en el decreto de presidencia 341/19 del 12 de diciembre, en el que Cristina Kirchner le delegó casi una docena de facultades de carácter administrativo que son propias del presidente del cuerpo.
Inédita desde el retorno de la democracia, la delegación de facultades ha convertido a Luchy Alonso en una suerte de "supersecretaria" con poderes que van desde nombrar, remover, recategorizar, dar de baja y asignar funciones al personal e intervenir en todas las contrataciones hasta modificar la estructura órganico-funcional del Senado.
Poco más de dos semanas después, Alonso puso en marcha la maquinaria que le dejó en sus manos la vicepresidenta y anunció una amplia revisión de la gestión de Michetti, tendiendo un manto de duda sobre los últimos pases de empleados a planta permanente y, sobre todo, de las contrataciones de obras y la administración de los pasajes aéreos realizados durante la gestión de la expresidenta.
Algunos ven en esta jugada una suerte de revancha por lo ocurrido cuando Michetti asumió el control del Senado, en diciembre de 2015, cuando también abrió un proceso de revisión de las medidas de su antecesor, Amado Boudou.
El mascarón de proa de aquella movida fue la derogación del decreto ómnibus que el exvicepresidente había firmado poco antes de dejar el cargo y que incorporó a cerca de 2000 agentes a la planta permanente.
Azuzada por una agrupación de empleados legislativos de extracción kirchnerista, Alonso también apunta a revisar los concursos realizados por Michetti en el último año (es el plazo máximo que le permite la ley) para ocupar una serie de cargos jerárquicos en el área administrativa.
La sospecha, extendida en los pasillos del Senado desde antes del desembarco del kirchnerismo en su conducción, es que esos concursos estuvieron cruzados por irregularidades y que fueron amañados con la connivencia de la conducción de la Asociación del Persona Legislativo, cuyo secretario general es Norberto Di Próspero. Un representante del gremio participó de los jurados que evaluaron a los postulantes.
Además, Alonso puso la lupa sobre los bloques políticos, advirtiéndole al radicalismo sobre el tamaño de su planta. Fuentes de la UCR reconocieron el sobredimensionamiento de personal que reviste en el bloque.
Historia
El celo demostrado por Alonso en sus escasos 20 días de función no hace más que confirmar la confianza que Cristina Kirchner ha depositado en ella desde que, en 2011, se enfrentó con el gobernador Carlos Verna por su postulación como diputada nacional.
Tras concluir su mandato en 2015, Alonso fue designada en la Secretaría de Coordinación Operativa de la Cámara de Diputados.
Supo pagar con creces la confianza que depositaron en ella. Convirtió a La Cámpora en un factor de poder en La Pampa con la fuerza suficiente para que Verna terminara integrando a la agrupación a la mesa de arena del peronismo provincial.
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