Marcelo Amado, defendió los juicios abreviados a los que arribó por hechos de corrupción. Durante una entrevista con Radio Kermés, reivindicó los arreglos con autoridades de Comisiones de Fomento que cometieron delitos de peculado o malversación, y que aceptaron la culpabilidad pero no fueron presos y devolvieron una porción mínima del dinero por el que se estafó.
Amado dijo que "las personas imputadas (en su mayoría Jefes de Comisiones de Fomento y sus respectivos secretarios/as tesoreros/ar) reconocen su culpabilidad. En los casos de las facturas truchas opte por el juicio abreviado porque las penas no eran muy altas y me aseguré que devuelvan el dinero que habían estafado al Estado". Además explicó los motivos que lo llevaron a no consultar nuevamente con el Tribunal de Cuentas, quien investigó y sacó a la luz las maniobras de corrupción.
- ¿Ese dinero que devuelven es la totalidad del resarcimiento o el Estado podría hacer una demanda civil para recuperarlo?, consultó Radio Kermés.
- En estos casos se devolvió la cantidad total de boletas firmadas. Y los montos fueron actualizados.
- ¿Devolvieron lo mismo que le sacaron a la sociedad?
- El dinero que se les hizo devolver era el dinero nominal. No recuerdo los montos pero eran sumas importantes...
- Manuel Costoya, presidente de la Comisión de Fomento de Unanue, devolvió 6 millones de pesos ahora, pero en 2015 -cuando se cometieron los delitos- significaba mucho más que lo que significa ahora. ¿Por qué no se actualizó ese monto?
- No siempre es así. El Estado que es el damnificado tiene derecho a un resarcimiento civil. Incluso hay casos en los que ha intervenido el fiscal de estado y ha iniciado una demanda civil para recuperar dinero que había sido estafado.
- En todas las Comisiones se utilizó el mismo Modus Operandi: ¿no hacía falta una investigación mayor para comprobar si era un hecho sistemático?
- Yo no estuve en todas las causas. El delito en sí eran facturas que hacían pasar como originales pero eran apócrifas, eran falsificadas. Luego se comprobaba que las personas que supuestamente habían firmado esas facturas, en realidad no lo habían hecho. De cualquier manera, el juicio abreviado es por condenas, no es por una absolución. Y en un juicio común no se tiene la garantía de que va a haber condena. Entonces, por ahí sopesa entre 'logro una condena que no sea, a lo mejor, demasiado gravosa de acuerdo al delito que se le imputa' y no 'me tiro el lance, voy a un juicio y después no lo condenan'.
Amado aclaró que "no siempre en los legajos aparece la cifra verdadera que se estafó. Aparece lo que se puede probar, aunque todos sabemos que normalmente no se puede probar porque desapareció la plata esa o lo que sea y no hay forma de llegar a probarlo. De todas maneras siempre es menor lo que se recupera del monto que se estafó. De todas maneras nada impide que se haga un juicio civil".
- ¿Por qué no se llamó al Tribunal de Cuentas a declarar como testigo o aportar más información?, insistió Radio Kermés.
- El Tribunal de Cuentas puso a disposición de la justicia todas las facturas que a ellos le habían llegado y que tenían alguna irregularidad. Así que no hacía falta, lo que teníamos que investigar era si esa irregularidad era cierta o no. Por eso, supongo que no se los ha llamado. Lo que si hicimos fue llamar a los prestatarios, es decir a los firmantes para ver si esa operación había existido o no había existido. Ahí pudimos comprobar cuales no habían existido. Así que no era necesaria la concurrencia del Tribunal de Cuenta. Ya nos habían dado toda la información.
Fuente. Radio Kermés
