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Así pone el foco de la investigación en la Gendarmería que, a pesar de los indicios de que se llevó a Maldonado durante la represión a la comunidad mapuche Pu Lof en Cushamen, sigue siendo defendida por el Gobierno.
La Fiscalía subrogante que tiene a cargo la investigación sobre el paradero de Santiago Maldonado recaratuló la causa a “desaparición forzada” de persona. El giro en la investigación entró en curso luego del pedido que la familia del joven desaparecido hace 23 días hizo en ese sentido y se estableció, además, una ampliación del secreto de sumario por otros diez días corridos.
Hasta esta mañana, la causa 8232/2017 era investigada como “NN sobre averiguación de delito” y su cambio fue confirmado por Sergio Maldonado, tras una reunión que mantuvo con la fiscal Silvia Ávila. “Nos informó que la investigación es sobre el delito de desaparición forzada de Santiago y dio curso a nuestro pedido de recaratulación”, afirmó el hermano de Santiago sobre el encuentro con la representante del Ministerio Público.
Según relató Sergio Maldonado, la fiscal también les comunicó que “a fin de continuar con las medidas adoptadas en tal sentido solicitó el secreto de sumario por 10 días corridos más” y les confirmó, además, que solicitó a la Procuración General que dé curso al pedido de la familia de ser parte del equipo que investiga las causas y posibles responsables de la "desaparición forzada" del joven que fue visto por última vez mientras era detenido por Gendarmería, tras una protesta mapuche en Esquel, Chubut.
Desde que surgieron los primeros testimonios y a medida de que aparecían nuevos indicios de la detención de Maldonado durante la represión a la protesta en la que él participaba, la postura del gobierno de Mauricio Macri fue negar la versión de que Gendarmería esté involucrada en el caso y, por lo tanto, rechazar de que se trate de una desaparición forzada.
Tal como lo definieron los familiares de Santiago en un comunicado difundido esta mañana, la figura de la desaparición forzada implica la participación de las fuerzas de seguridad del Estado. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU define a esa figura por tres elementos: la privación de libertad contra la voluntad de una persona, la participación de agentes gubernamentales en el hecho y la negativa a revelar la suerte o el paradero de la persona interesada.
Tanto en su comparencia de la semana pasada en el Senado como en las apariciones públicas y hasta en la última reunión con organismos de derechos humanos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se resistió a admitir que el Estado tuviera alguna responsabilidad en el caso.
Una de las primeras reacciones del Gobierno tras el cambio de carátula fue la de levantar la reunión que el ministro de Justicia, Germán Garavano, tenía pactada para esta mañana en la sede de esa cartera con integrantes del Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVJ). Así lo confirmó el dirigente del Frente de Izquierda, Patricio del Corro.
En tanto, la comitiva de representantes de ese mismo colectivo de gremios, agrupaciones políticas y organizaciones de derechos humanos que ayer viajó a Chubut para reclamar la aparición del joven visto por última vez el 1 de agosto pasado en la Lof en resistencia de Cushamen pidió una audiencia con el juez federal Guido Otranto, que debe expedirse sobre el hábeas corpus presentado tras la desaparición de Maldonado. También intentarán dialogar con el defensor público oficial, Fernando Machado.
