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Integrantes del oficialismo y de la oposición rechazaron, de manera unánime, una sentencia judicial que exhortó al Congreso a que sancione, en un plazo perentorio, una ley que permita regular la imposición de restricciones a derechos como la libre circulación en el marco de la pandemia de coronavirus Covid-19.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dio lugar a un hábeas corpus contra un DNU del presidente Alberto Fernández argumentando que el Poder Ejecutivo se excedió en la emisión de esos instrumentos y ordenó que el Congreso se aboque a legislar sobre las limitaciones que impone la emergencia sanitaria.
La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, había calificado, a través de su cuenta de Twitter, como “insólita e inédita” a la resolución y la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la oficialista santafesina María de los Ángeles Sacnun, presentó inmediatamente un proyecto de Resolución para rechazar la decisión judicial.
“Estos jueces han modificado el proceso de sanción de las leyes a través de una sentencia”, sostuvo la legisladora el defender su iniciativa y se preguntó si los magistrados “aprobaron las materias de primer año de la Facultad de Derecho”.
Luego de considerar que la sentencia fue una “intromisión en dos poderes del Estado: el Ejecutivo y el Legislativo”, la santafesina aclaró que la decisión de su proyecto no es revisar una sentencia judicial sino “un rechazo enfático a la orden que nos llega al Senado de parte del juzgado”.
El cordobés Ernesto Martínez, integrante del interbloque de Juntos por el Cambio, anticipó el acuerdo de la oposición, pero propuso que el tema sea “ignorado” en lugar de ser debatido en el recinto.
“El Senado, al entrar en un contrapunto con una Cámara que emite esa resolución, se degrada. Esto no merece ni una letra”, opinó Martínez para luego agregar que “lo que corresponde es ignorar este exhorto, porque no merece ni un comentario”.
Sin embargo, al observar que se pretendía avanzar con el dictamen y llevar el tema al recinto, señaló que “el oficialismo debe ir a agradecerle a estos tres jueces darle esta oportunidad de victimización”.
Por el contrario, la oficialista mendocina Anabel Fernández Sagasti subrayó que es “positivo” que tanto el oficialismo como la oposición opinen que la Cámara “se extralimitó en su sentencia”.
“El Senado debe emitir su opinión porque a este tipo de aberraciones jurídicas, y diría que políticas, no la debemos dejar pasar. Corremos peligro de que haya un contagio de otros jueces que entiendan que la Constitución les da algún ápice de posibilidad de indicarle al Congreso qué debe legislar y cuándo”, explicó.
En el mismo sentido, el bonaerense Jorge Taiana defendió la idea de la oposición de “archivarlo”, pero se inclinó por la decisión de que “el Senado se exprese”.
“Como Senado no podemos hacer como que esto no significa nada. Corremos el riesgo de que ‘el que calla otorga’”, indicó.
En cambio, la macrista cordobesa Laura Rodríguez Machado explicó que “no corresponde el tratamiento porque no hay ningún órgano extra poder al legislativo que le imponga el tratamiento de una normativa”.
“El archivo también es una respuesta”, sentenció, para luego aconsejar que el Senado no debería “extralimitarse en lo que no le compete”.
Finalmente, el rionegrino oficialista Martín Doñate interpretó que “daría para la risa, pero da vergüenza lo que resolvió este tribunal”.
“Esto es un mecanismo que un sector de la Justicia argentina comienza a tener para con los representantes del pueblo argentino votados en elecciones democráticas”, advirtió el legislador del Frente de Todos.
