La denuncia las viene realizando, en tandas, el Tribunal de Cuentas. Hay irregularidades por 18.466.765,71 pesos. A cada pueblo se le imputa los siguientes montos, según dijeron este lunes fuentes oficiales a Diario Textual:

• Loventuel:                 $ 7.020.393,69
• Unanue:                       $ 4.959.284,29
• Rucanelo:                   $ 3.558.893,6
• Chacharramendi:        $ 783.094,13
• La Reforma:                  $ 660.475
• Perú:                              $ 633.700
• Van Praet:                   $ 580.065
• Limay Mahuida:             $ 237.615
• Santa María:                $ 16.745
• Relmo:                          $ 16.500

La situación más escandalosa se registra en Loventuel, donde reclaman 7 millones de pesos. Le sigue Unanue, con 4,9 millones, y Rucanelo, con 3,5 millones. Ahí, los investigadores creen que habría una maquinaria para defraudar al Estado.

En la otra punta, se han detectado inconsistencias con bajos valores en Santa María y Relmo, con 16.754 y 16.500 pesos, respectivamente. En estos dos últimos casos, podría tratarse de inconsistencias administrativas que no estarían, igual, exentas de responsabilidades penales.

En la primera comisión de fomento donde se detectaron facturas truchas fue Unanue, en 2017. Y este año se sumaron Rucanelo, La Reforma, Perú y Loventuel. Esas cinco, por un monto de casi 14 millones de pesos. Hace dos semanas, el TdeC sumó a otras cinco -Van Praet, Chacharramendi, Limay Mahuida, Santa María y Relmo- por un monto total de 4 millones de pesos.

Los presidentes de las comisiones de fomento, más los secretarios y secretarias tesoreras, están acusados del delito de peculado y uso de instrumento privado falso.

Según el fiscal Guillermo Sancho, están acusados de apropiación indebida de los bienes o dinero perteneciente al Estado por parte del funcionario público encargado de su control o custodia.

¿Cómo era, en su mayoría, la maniobra? Entregar facturas falsas para justificar supuestos gastos de la gestión. La gran mayoría de los proveedores desconocieron haber prestado servicios porque usaron fotocopias de las facturas originales. En otros casos el nombre del proveedor se asociaba a un CUIT o actividades que no le correspondían.

Fuente: Diario Textual

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