Precarización laboral en Educación: Docentes del programa Vértice Educativo piden que Maccione los reciba

Provinciales 28 de enero de 2020 Por Redacción: InfoHuella
Ni bono navideño, ni cláusula gatillo, ni aguinaldo, ni vacaciones, ni asignaciones familiares, ni salario estival, ni, ni, ni… Docentes del programa provincial Vértice Educativo volvieron a hacer pública la necesidad de ser recibidos por el ministro de Educación de la provincia, Pablo Maccione.
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«Desde el vamos, y aún antes, venimos pidiendo ser recibidos para poder exponer todas estas cuestiones, a la ministra de entonces y al ministro actual. Estamos convencidos que podemos aportar desde nuestra experiencia de campo a lo que ellos desde su escritorio, para  que el programa vaya mejorando día a día, sin perder de vista nuestra reivindicación como trabajadores de la Educación», plantearon.

El programa es un reemplazo de los Centros de Actividades Infantiles (CAI) y  los Centros de Actividades Juveniles (CAJ), que fueron dados de baja por Nación a fines de 2018. Vértice fue creado en abril de 2019.

En un comunicado, los trabajadores y trabajadoras hicieron un minucioso detalle de la situación actual y de lo que fueron los anteriores programas educativos.

 
“Desde el punto de vista legal, el hecho que exista una ley de creación del programa, supone mejores condiciones que entonces. No obstante, parecen ser más los perjuicios que los beneficios”, aseguraron.

El comunicado, completo, es el siguiente:

              Somos trabajadores “Vértice Educativo”, programa socio-educativo derivado de los que fueron los “Centro de Actividades Infantiles” y “Centro de Actividades Juveniles” (CAI y CAJ, respectivamente).

                Como se recordará, los CAI y los CAJ nacieron precarios y murieron precarios, allá por el ¿2008? (los gremios docentes ensayan hasta hoy, una pseudo autocrítica, aduciendo que no les alcanzó el tiempo para promover su mejoramiento. Debe ser que, si “… veinte años no es nada…”,  doce, mucho menos). Eran programas nacionales que las provincias ejecutaban en sus territorios. En La Pampa, arrancaron en 2011.      

 
                El dinero que Nación destinaba, tenía dos únicos ítems: “sueldos” y “gastos de funcionamiento”. Los escalafones laborales, eran cuatro: coordinador (18 horas reloj, semanales), maestro comunitario (18 horas), tallerista (6 horas) y ordenanza (4 horas). La relación salarial aproximada, era 6:6:3:1. Como referencia, el ingreso de un tallerista alcanzaba para afrontar el pago de un monoambiente (entre $8000 y $10000 actuales).                                            

                El dinero para “gastos de funcionamiento” llegaba, con suerte, a mediados de año. En los últimos años, la cifra para todo el año, rondó los $10000.

                Los “sueldos”, se pagaban totalmente en negro. Necesitabas tener una caja de ahorro en la que te depositaban, durante nueve meses al año, la cifra correspondiente. Mirabas y figuraba “Transferencia” desde una cuenta desconocida, como cuando vendés una bici usada por internet y el comprador te deposita el dinero.

                Con el tiempo, se empezaron a cobrar los doce meses. También fue posible enfermarse o embarazarse sin necesidad de renunciar o de que el futuro papá te reemplace para no perder el trabajo. Eso sí: no había reemplazo. El resto de los integrantes del grupo “te cubría”.

                Las arbitrariedades estaban a la orden del día. Podías llegar a cocinar con los alumnos durante el horario de funcionamiento, en tanto que en otro CAI, podían echarte por comprar dulce de leche para ponerle al pan duro que la escuela dejaba del día anterior (los talleres funcionaban los sábados).

                Ya con Macri en la presidencia, el programa se pauperizó aún más. Las partidas no se actualizaban y la inflación se las iba devorando. Paralelamente, se dejó librada a las provincias, destinar ese dinero a esos u otros PSE. Algunas provincias los cerraron, otras los reformularon y otras, como La Pampa, siguieron como hasta entonces.

                Cansados de la precariedad laboral, y con el bolsillo cada vez más flaco, muchos compañeros iban renunciando. Con la excusa del congelamiento de las partidas nacionales, la provincia no cubría las vacantes. Pero tampoco volcaba esos recursos disponibles, en los gastos de funcionamiento o para aumentar el “salario” de los que iban quedando (en 2018, por ejemplo, no hubo aumento alguno, con una inflación anual del 48%). De acuerdo a un humilde análisis que hicimos entonces, llegamos a la conclusión que, en 2018, la provincia ejecutó en los CAI-CAJ, el 52% del dinero destinado por Nación para ese fin.     

 
                Así, llegamos al punto en que nos enteramos, a través del gobierno provincial, que el gobierno nacional no seguiría sosteniendo los PSE a partir de 2019. Y mientras Garello anunciaba, con bombos y platillos, que habría un programa provincial que le daría continuidad a los CAI-CAJ, los funcionarios del área, nos decían que, con suerte, el nuevo programa arrancaría en abril. En otras palabras: no había continuidad de hecho porque, de enero a marzo, no habría programa alguno. Y, mucho menos, paga alguna (en confianza y en off, uno de los funcionarios le hizo saber a uno de los que fuimos a esa reunión, que al menos, se podía afrontar el pago de enero). De esa reunión, a la que fuimos acompañados por sendas secretarias generales de UTELPa (provincial y seccional), salimos con una certeza. Básicamente: todos los trabajadores CAI-CAJ van a ser parte del nuevo programa. Ya afuera, tuvimos otra: el acampe era inminente.

                La historia del acampe es bastante conocida: apretadas y macartismo más o menos conocidos y más o menos violentos (ninguneo, en otros casos). Antes, un llamado telefónico de fin de semana de un alto funcionario provincial, ofreciéndonos una reunión el lunes a la mañana, si no efectivizábamos el acampe. Las vueltas de la vida: una invitación de fin de semana a una reunión que no habíamos pedido y, desde entonces, siquiera respuesta alguna a los distintos pedidos de audiencia que, con posterioridad, hemos realizado. Después nos hablarán de la “necesidad del diálogo”.

 
                En el “durante”, el gobierno que le ofrece a UTELPa, un acuerdo para que los que no tienen otro ingreso, reciban un “subsisueldo” durante enero y febrero. El gremio plantea esto en una asamblea, planteando como condición, que se levante el acampe. Demás está decir, que los “acampantes” que allí estábamos, no teníamos mandato para decidir ello. Así y todo, desde la conducción del gremio, se insistió con esa condición.

                Finalmente, el gremio firma el acuerdo con el gobierno, mientras el acampe continúa. Sin embargo, y suponiendo que el gobierno fue el que pidió el levantamiento de la protesta, no fue todo “cesión gubernamental”. UTELPa firmó un acuerdo en el que, el compromiso gubernamental  de que todos los trabajadores CAI-CAJ serían “absorbidos” por el nuevo PSE, derivaba en un lavadísimo compromiso de “prioridad” en la cobertura de los distintos puestos de trabajo.

                Y los “subsisueldos” fueron cobrados, a través de Desarrollo Social,  en forma dispar. Algunos, durante los dos meses; otros, una vez y otros, ninguna. No obstante, se habrían otorgado más del doble de los subsidios de los que, efectivamente, cobraron los trabajadores CAI-CAJ…

                En abril de 2019, UTELPa y no el gobierno, presentó en sociedad la ley provincial n° 3149 de creación del programa “Vértice Educativo”. Exigua ley, con algunas certezas. Pagos de marzo a diciembre; en negro (el famoso “suplemento no remunerativo y no bonificable“ para los estatales y monotributo para el resto) y prioridad de los trabajadores CAI-CAJ para cubrir los puestos de trabajo (como firmó UTELPa).

                Ya convocados a “nuestras” escuelas, nos fuimos enterando sobre el funcionamiento del nuevo programa. Bajo el paraguas de la palabra “territorio”, nos encontramos amontonados de a tres o cuatro CAI-CAJ, o lo que quedaba de ellos. Ya no había “coordinadores” sino “asistente territorial” (uno, donde antes había tres o cuatro) y “educadores comunitarios”, en vez de “maestros comunitarios”. Ambos escalafones, con una carga horaria reducida a ocho horas reloj, semanales y $8000 en el bolsillo. Los “talleristas” seguían como tal (reducción a cuatro horas y $4000) y los “ordenanzas”, bien gracias. A su vez, se creaba la figura de “Director Responsable Territorial”, a cargo de uno de los directores de las instituciones educativas involucradas en el “territorio”.

 
                En la práctica, sucedió que los “territorios” no solo estaban diezmados (a las vacantes no cubiertas durante los CAI-CAJ y la no-convocatoria a los ordenanzas, se sumó el hecho de que muchos compañeros decidieron no entrar al nuevo programa) sino que se encontraban, encuentran, desbalanceados en su conformación. En algunos, pocos “talleristas” en relación a los “comunitarios” y en otros, al revés. Y la bajada del ministerio, que no permitía “reconversión” alguna en algunos “territorios” y sí en otros.

                Y esta dualidad, abarcaba, abarca, un sinnúmero de situaciones. Conforme el “territorio” del que estemos hablando, es autorizada o no esa reconversión, funcionar o no los sábados,  itinerar o no la sede, llegar a todos o a determinados alumnos, etc., etc. Paralelamente, a los “territorios” que consideran que han “trabajado bien”, les han agregado trabajo:  les han sumado otras instituciones. O sea, que “el territorio creció” pero los recursos para sostenerlo, no.

                Respecto a nuestra contratación se dan, al menos, tres situaciones distintas. Como decíamos más arriba, la ley contempla solo dos situaciones: los que se desempeñen en la Administración Pública Provincial y los que no (a esos, les “enchufa” el monotributo). Sin embargo, dentro de los primeros, hay un subgrupo no menor: los que tienen legajo del ministerio de Educación porque están en “los listados” pero no ejercen (sobre todo, por falta de horas para tomar).  

Como resultado, los que efectivamente se desempeñan en la Administración Pública Provincial, reciben de marzo a diciembre, su sueldo verticero, como “suplemento no remunerativo y no bonificable”.

Mismo tratamiento para el “subgrupo” antes citado. En consecuencia, el recibo de sueldo de éstos, no tiene otro ítem, que el correspondiente al “suplemento…”. En otras palabras, 0 cargas y 0 deducciones (sin aportes jubilatorios, ni obra social ni nada)… ¿Cómo serán los recibos de sueldo de los meses de enero y febrero?

 
Los monotributistas reciben un plus para poder afrontar el pago de las cargas correspondientes (“a igual trabajo, igual salario” bien, gracias). ¿Con qué plata pagarán los meses de enero y febrero y en concepto de qué?

Desde el punto de vista legal, el hecho que exista una ley de creación del programa, supone mejores condiciones que entonces. No obstante, parecen ser más los perjuicios que los beneficios. En efecto, los que tienen legajo, fueron pasados al “doble turno” en Educación, equiparando un ingreso en negro, de $4000 al de uno de unos $30000, en blanco y bajo el Estatuto Docente (mismo tratamiento reciben los monotributistas en general, incluyendo a los sociales).

Por otra parte, los compañeros que cobraban la AUH, dejaron de hacerlo y cuando fueron a averiguar, la respuesta que recibieron, fue que ahora tenían recibo de sueldo (o monotributo) y que allí debiera estar contemplado el pago de las mismas. En los hechos, esta situación implicó que los ingresos por trabajar en Vértice, representaran menos de la mitad de lo que se cobra, en el bolsillo (si la AUH es única) o que, directamente, “perdieras plata” si cobrabas más de una AUH.

Siquiera cierta estabilidad laboral, que podría inferirse de la creación de la ley. En efecto, el nuevo programa pone en manos de los directores (sobre todo en el “Director Responsable Territorial”) implicados en cada territorio, la potestad de volver a convocar o no, al principio de cada ciclo lectivo, a todos o a determinados integrantes de cada “equipo Vértice”.  Potestad que, además de sonar antipática, perversa, discrecional o como se la quiera catalogar, se da de bruces con las atribuciones que el Estatuto Docente prevé para los directores de instituciones educativas.

Tampoco “calificamos” para el bono navideño, ni por ocupados ni por desocupados, ni cláusula gatillo (apenas tuvimos un 20% de aumento para todo el año 2019, devenido en un 42,5  retroactivo a diciembre, en enero, al levantar un poquito nuestra voz), ni aguinaldo, ni vacaciones, ni asignaciones familiares, ni salario estival, ni, ni, ni…

Desde el vamos, y aún antes, venimos pidiendo ser recibidos para poder exponer todas estas cuestiones, a la ministra de entonces y al ministro actual. Estamos convencidos que podemos aportar desde nuestra “experiencia de campo” a lo que ellos desde su escritorio, para  que el programa vaya mejorando día a día, sin perder de vista nuestra reivindicación como trabajadores de la Educación.

Hasta el presente, la respuesta de ambos ministros fue la misma: la no-respuesta. ¿Será que, únicamente, las “medidas de acción directa” abren el diálogo?

Fuente: Diario Textual

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