Así, emitió un decreto en el que se establece que La Pampa estará representada por los siguientes miembros titulares: Néstor Pedro Lastiri, Romina Belén Schimdt, Fabián Titarelli, Pablo Dornes, Roberto Daniel Rodríguez, Héctor Eduardo Gómez, Espartaco Marín, Hernán Pérez Araujo y Martín Berhongaray. 
En calidad de suplentes fueron escogidos Ricardo Buss, Griselda Ostertag, José Vanini, Jorge Scarone, Juanita De Ugalde, María Virgina Riestra, María Valderrama Calvo, Julio Rojo y Eduardo Alberto Mangas. 
Cabe señalar que la designaciones de Roberto Rodríguez y Juanita De Ugalde se hicieron a instancias de la propuesta formulada por la Asamblea por los Ríos Pampeanos; Pablo Dornes y Jorge Scarone fueron nominados por la Universidad Nacional de La Pampa; y la Fundación Chadileuvú fue la que propuso a Eduardo Gómez y María Virgina Riestra.
La amplia representatividad de los nuevos integrantes de la CIAI incluye al presidente y vicepresidente de la Comisión de Ríos Interprovincial de la Cámara de Diputados de La Pampa, Espartaco Marín y María Valderrama Calvo, además de los diputados nacionales, Hernán Pérez Araujo y Martín Berhongaray. 
La integración de la comisión por parte de los pampeanos se completa con representantes de la Secretaría de Recursos Hídricos, de la Fiscalía de Estado y de la Subsecretaría de Ambiente. 
Vale recordar que la CIAI está integrada por las provincias de Mendoza y La Pampa y surgió en 1989 después del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró la interprovincialidad del río Atuel. 
A partir de la sentencia de la Corte Suprema del 1 de diciembre de 2017 el organismo de cuenca retomó su vigencia y se convirtió en el ámbito institucional establecido por el máximo tribunal para que las partes intenten arribar a un acuerdo.
El desafío de los nuevos representantes será seguir defendiendo los derechos de todos los pampeanos sobre el río Atuel, reclamando a la vecina provincia un caudal hídrico apto permanente que permita recomponer el ambiente del noroeste de la Provincia, así como también dotar a este órgano de cuenca de mayores atribuciones a fin que sea el ámbito propicio para que el manejo del río se haga en forma consensuada entre ambas provincias.
El gobernador de la Provincia como miembro del Consejo de Gobierno con el apoyo técnico de los representantes del Comité Ejecutivo que mediante este decreto designa, seguirán trabajando por el cumplimento efectivo por parte de la provincia de Mendoza de la sentencia dictada por la Corte Suprema, lo que implica luchar por la restitución del río robado.