Una multitud se congregó en el mediodía de este miércoles 24 en la ciudad de Santa Rosa, llegando desde distintos puntos de La Pampa, para respaldar el paro y realizar una manifestación en rechazo a las medidas de ajuste del Gobierno del presidente Javier Milei. Entre 5 mil y 6 mil personas se movilizaron en la capital pampeana.
Provinciales25 de enero de 2024
Redacción: InfoHuella
De la marcha por las calles de la ciudad de Santa Rosa participan sindicatos, organizaciones sociales, partidos políticos y autoconvocados, consignó Diario Textual.
Se pudo ver el respaldo del Gobierno provincial a la medida de fuerza, con la presencia de integrantes del gabinete. Estuvieron los ministros Pascual Fernández (Gobierno), Julio Rojo (Obras Públicas) y Antonio Curciarello (Conectividad); los diputados María Luz Alonso, Espartaco Marín y Liliana Robledo; y otros funcionarios provinciales y municipales.
La manifestación fue convocada por la CGT, ambas CTA (de los Trabajadores y Autónoma), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), los movimientos sociales y las multisectoriales.
El acto en Santa Rosa se desarrolló desde las 12 horas en un escenario en la esquina de la avenida San Martín y Avellaneda, frente a la plaza San Martín.
A las 13 horas se inició la desconcentración, luego de la lectura de un documento. Sin embargo, luego los integrantes la Asamblea Autoconvocada contra el Ajuste de Milei hicieron una marcha alrededor de la plaza.
La protesta central se desarrolló en Buenos Aires, con una manifestación al Congreso en rechazo de las medidas económicas del Gobierno, en lo que constituye la primera gran protesta gremial en contra de Javier Milei y una medición de fuerzas entre el Ejecutivo y los sindicatos.
Este es el documento completo que leyeron los organizadores:
Las organizaciones sindicales, sociales, de la sociedad civil, políticas, ciudadanos y ciudadanas particulares, junto con las Naciones y Pueblos originarios que asistimos a la Movilización del 24 de enero expresamos nuestro rechazo absoluto a las medidas del gobierno nacional que deterioran la calidad de vida de las argentinas y argentinos. Javier Milei asumió hace tan sólo 44 días, llegó con la premisa de terminar con la casta, pero conformó su gabinete con los ex funcionarios/as de los gobiernos de De La Rúa y Macri; Luis Caputo, Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger.
El plan perverso y engañoso del gobierno nacional, que es de tinte neofascista, viene a implementar el más rapaz de los capitalismos, viene por todos los derechos conquistados, descargando una brutal política de ajuste, desocupación y entrega sobre el pueblo y la clase trabajadora; pretende dar un golpe institucional con el Mega DNU y Ley Ómnibus, quita de derechos laborales y entrega de soberanía, favoreciendo a grandes terratenientes, petroleras extranjeras, multinacionales así como a la casta empresarial.
Milei desplegó su plan de 100 días de golpe institucional, asumiendo poderes expresamente prohibidos por la Constitución Nacional, impuso un brutal ajuste que hambrea al pueblo, elimina conquistas laborales de jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas, propone la privatización del ANSES, ARSAT, YPF, Aerolíneas Argentinas, Banco Nación entre las más de 40 empresas estatales que pertenecen al patrimonio nacional, es decir propiedad común de los argentinos y argentinas, desfinancia la salud, la cultura y la educación, entrega de los bienes naturales, la tierra, recursos hídricos, Islas Malvinas, nuestras aguas atlánticas y la Antártida.
Este plan se puso en marcha a través de Caputo, quién, recordemos, tomó y fugó la mayor deuda de la historia argentina con el FMI, con el anuncio de medidas que devaluaron el 118% de nuestra moneda, lo que impactó directamente en nuestro poder adquisitivo. Además, de la eliminación de ministerios, la reducción de subsidios a la energía y transporte, la eliminación de la obra pública entre otras.
Para garantizar este siniestro plan y lo que vendrá, la ex candidata a Presidenta y ahora ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quién, recordemos, le recortó el 13% a jubiladas, jubilados, trabajadoras y trabajadores estatales cuando fue parte del gobierno de la Alianza en 2001, implementó, nuevamente, el Protocolo Represivo mal llamado «anti piquetes», a fin de reprimir la protesta social y habilitar a las fuerzas represivas a actuar sin orden judicial con la excusa de «garantizar la libre circulación».
Esta medida habilitó la represión, persecución y amenazas contra aquellos y aquellas que defendemos nuestros derechos, al incorporar una línea para denunciar anónimamente a dirigentes sindicales, políticos y políticas, así como a miembros de movimientos sociales que convocan paros y marchas.
La Ley Ómnibus junto al DNU son una reforma institucional de facto y ambos vienen a amputar los derechos y las conquistas sociales de los trabajadores y trabajadoras. Es por ello que no seremos espectadores pasivos mientras se deteriora la calidad de vida de la ciudadanía, afectando los derechos más básicos como la salud, la educación, el trabajo, la alimentación y la vivienda.
En una Argentina en la que la canasta básica para una familia es de más de 500 mil pesos, el presidente sigue pulverizando la calidad de vida de la clase media, trabajadores, trabajadoras, ocupados, ocupadas, desocupados y desocupadas, así como jubilados y jubiladas avasallando una inmensa cantidad de derechos conquistados y fortaleciendo la Argentina desigual.
Las desregulaciones del mercado, la eliminación de control de precios a alimentos, prepagas, desfinanciamiento a obras sociales, la derogación de la ley de alquileres, la habilitación de la venta libre de medicamentos fuera de la farmacia, la liberación de precios de combustibles, entre otras medidas sólo habilitan el enriquecimiento de unos pocos a costa de la pobreza de muchos, favoreciendo, además, la extinción de la industria nacional, las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y cooperativas.
Se elimina el derecho social a la educación pasando la misma a ser un servicio esencial, permitiendo, además, que la educación no sea presencial y se realice en forma híbrida: virtual y presencial desde 4to grado, se pretende avanzar sobre evaluaciones docentes cada 5 años y se mercantiliza la educación.
Se pretende liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES siendo este recurso el que garantiza los haberes futuros de jubilados y jubiladas nacionales, activos/as aportantes y beneficiarios/as de ANSES, y es apetecido desde siempre por los grupos económicos más poderosos. Se ataca a la cultura cerrando FNA (Fondo Nacional de las artes) y el Instituto Nacional del Teatro, desfinanciando el INAMU (Instituto Nacional de la Música), el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), el CONABIP (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares), entre otras medidas. La cultura no se importa, la cultura la hace el pueblo.
Este gobierno ya arremetió contra la sostenibilidad económica de cientos de medios cooperativos, comunitarios y empresas pymes recortando a cero la pauta publicitaria y los fomentos concursables. De este modo, pone en riesgo miles de puestos de trabajo, a la vez que pretende declarar esencial la actividad, dejando sin derecho a huelga a quienes desde hace años perciben sueldos por debajo de la línea de pobreza, lleva adelante, además, la persecución de compañeros y compañeras que integran y hacen las 49 emisoras de Radio Nacional, extendidas a lo largo de todo el país, la Televisión Pública y Télam. Amenaza con desguazar y mal vender el sistema de medios públicos, nuestras históricas empresas de bandera.
Es fundamental proteger los criterios de verdad y transparencia en un contexto donde las fake news y las operaciones contra las y los líderes populares representan la estrategia regional para atentar contra la democracia y la soberanía de nuestro pueblo.
Sin trabajadores y trabajadoras de prensa, sin medios comunitarios, no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión, no se garantiza el derecho humano a la información.
Afirmamos que este gobierno es profundamente negacionista porque niega el genocidio de la última dictadura cívico-militar, la peor masacre humanitaria de nuestra historia reciente, niega la historia de nuestras luchas populares que consolidaron una argentina con más justicia social, niega el conocimiento científico, el calentamiento global y sus consecuencias, niega tanto la perspectiva como la inequidad de género, y, reivindicando a Roca y a Sarmiento niega el genocidio de la campaña al desierto hacia los pueblos preexistentes, y por último, niega la constitución nacional como pilar fundamental de nuestra convivencia democrática.
El gobierno actual niega, además, la violencia y desigualdad por motivos de género, desconoce el impacto en la vida de las mujeres y disidencias sobre la violencia de género en una Argentina donde en 2023 se registró un femicidio cada 28 horas, se modifica la ley de los «mil días», eliminando toda referencia a diversidad, género y «persona gestante». Se introducen definiciones como «hijo por nacer» o «vida desde la concepción», lo que representa un retroceso de las legislaciones vigentes. Además, se limita la Ley Micaela de capacitación obligatoria en los tres poderes del Estado, reduciéndola a cuestiones de violencia intrafamiliar, sumado a que se limitan derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y se han eliminado desde nación los programas de acompañamiento.
Hoy nos cercenan nuestros derechos, nos amenazan, persiguen y criminalizan. Hoy para el gobierno nacional no somos «argentinos de bien» por organizarnos y luchar. Hemos pasado tiempos muy oscuros y somos un pueblo que tiene memoria, que ha luchado por la verdad y la justicia, y que esta vez tampoco se rendirá sin luchar.
El Poder ejecutivo nacional no sólo desoye los reclamos que expresamos diariamente desde diversos sectores que vemos nuestros derechos vulnerados en todos los aspectos sino que nos amenaza con ajustes «más brutales» es por ello que rechazamos y enfrentamos con fervor e indignación las propuestas normativas del Poder Ejecutivo Nacional, no nos quedaremos de brazos cruzados frente a un gobierno que quiere que el Congreso le delegue facultades extraordinarias sin ningún tipo de control ni transparencia.
Pasados 40 años de democracia, a la deuda que ésta aún tiene con el pueblo trabajador, no podemos sumar la pérdida de nuestra calidad republicana ni aceptar la criminalización de la protesta. Reivindicamos a la EDUCACION y a la UNIVERSIDAD PÚBLICA, LAICA, GRATUITA, FEMINISTA y DE CALIDAD, como derechos inalienables y fundamentales. Rechazamos categóricamente su arancelamiento para argentinos, argentinas y personas extranjeras.
No sólo bregamos por mejoras salariales y condiciones laborales, sino también por el aumento del presupuesto destinado a universidades para la mejora en la calidad del sistema universitario nacional. Sin ciencia y sin universidades nacionales no hay futuro.
Por todo esto, repudiamos las amenazas, persecución y represión, contra el pueblo, así como los descuentos, quita y eliminación de planes sociales que sostienen, además, comedores y merenderos a lo largo y ancho del país, despidos arbitrarios tanto en el estado nacional como privados. Decimos no a la criminalización de la protesta. No a la Ley Ómnibus, Abajo el DNU.
Señor Presidente, la casta no somos la clase trabajadora, no somos los movimientos sociales, no somos las naciones y los pueblos originarios, no somos los emprendedores y emprendedoras, nos somos las y los cooperativistas, no somos las jubiladas y los jubilados las pensionadas y pensionados, nos somos las personas con discapacidad ni científicos ni científicas.
Exigimos a nuestras legisladoras y legisladores que nos sean infames traidores a la Patria y voten en contra del DNU y la Ley Ómnibus.
Por una patria libre, justa y soberana, para el beneficio y buen vivir de todo el pueblo de esta gloriosa Nación.
La Patria no se vende, la Patria se defiende. ¡Viva la Patria!
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