El Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de La Pampa realizó una auditoría sobre las tarjetas sociales por una denuncia en Santa Isabel que además incluyó Colonia Emilio Mitre, Paso Maroma y La Puntilla. Detectaron uso indebido de terceros, una de ellas es una funcionaria municipal.
Zonales17 de enero de 2025
Redacción: InfoHuella
Estas tarjetas están vinculadas al Programa Asistencia Alimentaria, que se ejecuta de forma descentralizada mediante la aplicación, distribución y uso de la Tarjeta Alimentaria (Tarjeta Social Pampeana) entregada por el Municipio a cada titular residente en su jurisdicción.
LA DENUNCIA
El 13 de diciembre de 2024, en la Comisaría Departamental Santa Isabel una mujer denunció que fue a comprar a un comercio y allí la dueña del local le comunicó que la Asistente Social municipal había efectuado una compra en frutas por $27.000 pesos con su tarjeta social. Luego, el propio intendente – Guillermo Farana- hizo una denuncia. Los primeros días de enero, se agregó la auditoría del Ministerio de Desarrollo Social a la investigación que está llevando adelante el fiscal General de la IV Circunscripción del Ministerio Publico Fiscal Armando Agüero.
LA AUDITORIA
A través de la auditoría se realizó un examen sistemático de la ejecución del programa por parte del Municipio, a través de su área competente y de sus equipos técnicos. El objetivo fue revisar y verificar el procedimiento de entrega, distribución/habilitación, tenencia y uso de las tarjetas magnéticas, así como la carga y actualización de la ficha social en el Sistema Pilquén. Esto permitió identificar posibles errores o irregularidades en los procedimientos, evaluándolos conforme al marco normativo aplicable.
En total, se auditaron 372 tarjetas sociales. Había beneficiarios – algunos de ellos puesteros de la zona - que no sabían que tenían tarjeta. El informe del Ministerio señala que los beneficiarios tenían titulares que hacían uso de las tarjetas. Se trata de dos mujeres, una de ellas es funcionaria municipal, perteneciente al equipo de gestión de Guillermo Farana.
RESULTADOS
El relevamiento revela múltiples irregularidades en la entrega y uso de tarjetas sociales en Santa Isabel y parajes rurales que están en el ejido municipal, evidenciando inconsistencias administrativas, falta de información a los beneficiarios, y posibles casos de uso indebido.
Consumos sin entrega de tarjetas
Un caso llamativo es el de un vecino, cuyo registro indica consumos desde septiembre de 2024, aunque la tarjeta nunca fue entregada. Durante una visita a su domicilio, ubicado a 15 km de la localidad, el titular declaró desconocer la existencia de la tarjeta y aseguró no necesitarla. Incluso mencionó que "me dijeron que me la estaban usando a la tarjeta".
De manera similar, otro vecino nunca recibió su tarjeta, pero se registraron consumos desde agosto de 2024. Según familiares, la tarjeta fue extraviada, y el municipio de Santa Isabel no brindó seguimiento tras la denuncia.
Entregas tardías y procedimientos cuestionables
En el caso de una vecina, la tarjeta fue habilitada en abril de 2024, pero la titular la recibió recién en octubre, seis meses después. Durante ese periodo, el municipio de Santa Isabel le entregaba órdenes de compra para ser utilizadas en un comercio local, procedimiento que la beneficiaria asumió como normal.
Situación similar enfrentó es la de otra vecina, quien también recibió su tarjeta con un retraso de seis meses, mientras ya se registraban consumos y depósitos desde meses anteriores.
Cabe destacar que sobre el uso indebido por parte de terceros, se encuentra una funcionaria municipal
Algunos beneficiarios desconocen por completo el uso de sus tarjetas. Por ejemplo, una titular de una tarjeta con consumos registrados en Santa Rosa. Asimismo, un hombre acudió a la Delegación local tras descubrir que su madre estaba utilizando la tarjeta a su nombre.
Fallos en los procesos de entrega y habilitación
El caso de un titular de tarjeta social ilustra un error en el protocolo de entrega. Aunque la tarjeta fue habilitada en el sistema el 27 de noviembre, aún no ha sido entregada físicamente al titular, contraviniendo las normas que exigen la firma del beneficiario para la activación.
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