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El procedimiento comenzó alrededor de las 8 horas y tuvo como objetivo constatar el estado de ocupación del inmueble y efectuar una inspección ocular integral del predio.
DENUNCIA
La medida judicial se originó a partir de una denuncia radicada el pasado 27 de mayo en el Destacamento Policial de Quetrequén por un productor agropecuario de apellido Torassa, quien aseguró haber sido despojado de la posesión del campo que explotaba bajo un contrato de arrendamiento rural vigente.
Según consta en la presentación, Torassa denunció a otro productor, de apellido Grazioli, domiciliado en Ingeniero Luiggi, por presuntamente haber ocupado el establecimiento, apropiándose además de los sembrados y de agroquímicos existentes en el lugar desde septiembre de 2025.
Desde el Ministerio Público Fiscal, Matías Juan, expresó que el denunciante sostiene que posee un contrato de arrendamiento firmado con las propietarias del inmueble, las hermanas Ramonda, oriundas de Lincoln (provincia de Buenos Aires), con vigencia desde enero de 2024 hasta enero de 2027. En ese contexto, afirma que fue privado de la posesión y de las ganancias derivadas de la explotación agropecuaria del predio.
SIN VALIDEZ
De acuerdo con la denuncia, Grazioli habría permanecido en el campo y explotado su producción alegando derechos que, según la parte denunciante, carecerían de validez jurídica o surgirían de un eventual acuerdo con las propietarias, sin que Torassa hubiera sido notificado, participado de esas negociaciones ni recibido compensación alguna.
La presentación judicial fue realizada con el patrocinio legal del abogado Alejandro Viano.
Durante el allanamiento, las autoridades detectaron la presencia de un ingeniero agrónomo que se identificó como encargado del establecimiento y manifestó haber sido contratado por el productor denunciado.
Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que se evalúa la citación de Grazioli a la Fiscalía General en calidad de imputado durante los próximos días.
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