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El Supremo Tribunal Federal (STF) decidió este jueves que es inconstitucional la prisión de una persona en segunda instancia, lo que podría conducir a la liberación del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde abril de 2018, y otros miles de reclusos. Por el momento, los abogados de Lula ya han anunciado que pedirán su puesta en libertad.
En un breve comunicado, su defensa ha afirmado que presentará el viernes ante la Justicia Federal el pedido para que abandone la prisión de manera inmediata. Se realizará después de una reunión con el expresidente en la sede de la superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, donde está preso.
«El STF refuerza la idea de que el expresidente Lula está preso desde hace 579 días injustamente y de manera incompatible con la ley la Constitución de la República, como siempre dijimos», destacan los abogados.
Luego de igualarse los votos por cinco a cinco, el presidente del STF, José Dias Toffoli, votó contra la constitucionalidad de que se cumpla la pena de prisión.
Toffoli argumentó que el artículo 283 del Código de Procedimiento Penal establece que una persona solo puede ser arrestada después de que se haya dictado una sentencia final, es decir, cuando no hay más recursos judiciales en proceso. Asimismo, apuntó que ante la situación de violencia en el país, la prisión en segunda instancia no resuelve esos problemas.
«Solo las sociedades autocráticas, que no reconocen los derechos básicos de sus ciudadanos, repudian y desprecian el derecho fundamental de cualquier individuo de ser considerado siempre inocente hasta que ocurra la cosa juzgada final», argumentó previamente el ministro Celso de Mello en su intervención, con quien se igualó la votación.
Aunque Toffoli había declarado que el caso «no se refiere a ninguna situación en particular», el país permanecía pendiente por saber qué pasaría con el proceso penal del expresidente Lula.
«El caso Lula ha contaminado de alguna manera todo este debate en vista de toda esta polarización. Lo que resultó no ser bueno para un debate», refirió el ministro Gilmar Mendes, quien votó contra la ejecución anticipada de penas.
La decisión fue respaldada por el presidente electo argentino Alberto Fernández. «El Supremo Tribunal Federal de Brasil ha decidido que las condenas a prisión solo son ejecutables una vez que hayan quedado firmes», tuiteó. «Es lo mismo que venimos reclamando en Argentina desde hace años ¡Valió la pena la demanda de tantos!», afirmó.
