Malas noticias para Miguel Calamari. El fiscal general Guillermo A. Sancho acusó hoy al empresario de autos y a su socio Gustavo Ariel Pereira del delito de "uso de documento público falsificado en concurso ideal con estafa en dos hechos" en perjuicio de los bancos de La Pampa y Macro y del exsocio Miguel Díaz. La maniobra, entre 2015 y 2016, fue por 8,6 millones de pesos.
Provinciales22 de mayo de 2017
Redacción: InfoHuella
Calamari viene recorriendo juzgados desde hace un año. Entre 2015 y 2016, el empresario y excandidato a gobernador emitió unos 200 cheques voladores que llevó a la firma de autos a un concurso preventivo. Se presentaron un total de 49 acreedores que reclamaron unos 80 millones de pesos.
Ahora, - consignó Diario Textual - a partir de una demanda del BLP, se inició una causa penal: directamente la acusación es por estafa. Según se supo, Pereira y Díaz eran socios de Calamari. Según manifestó el fiscal, Pereira y Calamari presentaron, ante los dos bancos, firmas truchas de Díaz -uno de los más importantes dueños de agencias oficiales de Renault del país- para oxigenar a la empresa pampeana.
La acusación del fiscal se realizó hoy. Poco después, el empresario puso en su Facebook una frase "motivacional": "Un sabio dijo que podré fallar, pero no rendirme".
El fiscal imputó a Gustavo Ariel Pereira haber presentado en el Banco de La Pampa, entre los meses de abril y mayo del año 2015, una fianza con firma de Miguel Díaz, certificada por el escribano Daniel Mugaburu, de Buenos Aires, y legalizada esta certificación por el Colegio de Escribanos de esa ciudad, con firma del consejero Julio Cesar Caparelli. "Tantos las firmas como los folios en que fueron certificadas y legalizadas resultaron apócrifos, teniendo dichos documentos como finalidad la de respaldar un mutuo por la suma de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000), que benefició a la firma Calamari S.A. de la que es socio y apoderado, habiendo realizado la gestión en esa calidad", informó el Área de Prensa MPF.
También se le imputó haber presentado ante el Banco Macro, el 16 de abril de 2015, una fianza con la firma apócrifa de Miguel Díaz, en este caso certificada por la escribana Marta Beatriz Francinelli, de Buenos Aires, y legalizada la certificación por el Colegio de Escribanos de esa ciudad, con la firma del concejero Julio César Caparelli. "Estos documentos fueron presentados para respaldar distintas operaciones por la suma $7.100.000, que tuvo como beneficiario a la firma Calamari S.A. y damnificados a ambos bancos y a Miguel Díaz", dijo el fiscal.
Sancho le imputó a Miguel Angel Calamari el "haber gestionado y haberse beneficiado en su calidad de socio mayoritario de la firma Calamari S.A., de la presentación por medio de Pereira ante el Banco de La Pampa de esta ciudad, entre los meses de abril y mayo del año 2015, de una fianza con firma de Miguel Díaz", certificada por el escribano Daniel Mugaburu, de Buenos Aires, y legalizada esta certificación por el Colegio de Escribanos de esa ciudad, con firma del consejero Julio Cesar Caparelli. "Tantos las firmas como los folios en que fueron certificadas y legalizadas, resultaron apócrifos, teniendo dichos documentos como finalidad la de respaldar un mutuo por la suma de 1.500.000, por cuyo importe se vio beneficiado la empresa Calamari S.A.", expresó.
"También se le imputa haber gestionado a través de Pereira la presentación efectuada por este ante el Banco Macro de esta ciudad con fecha 16 de abril de 2015, de una fianza personal firmada por Miguel Díaz a los fines de garantizar el pago de distintas operaciones de la firma Calamari S.A., por la suma de $7.100.000 con esa entidad", expresó.
"La imputación endilgada contra Gustavo Pereira y Miguel Ángel Calamari tiene sustento en importantes evidencias con valor probatorio que fueron recopiladas por el Ministerio Público Fiscal durante la etapa de Investigación Fiscal Preparatoria, las que analizadas en su conjunto permiten tener por acreditado la responsabilidad penal de los nombrados por el hecho ilícito por el que son acusados", manifestó.
La denuncia se abrió a partir de una denuncia del BLP. Los imputados estuvieron frente a la jueza de control María Florencia Maza. Fueron asistidos por el defensor particular José Mario Aguerrido.
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