El fiscal Juan Marcelo Cupayolo les imputó que, entre el domingo y el martes, incumplieron con el aislamiento preventivo obligatorio dispuesto por el decreto 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, no encontrándose exceptuados de dicha normativa. Fue porque, tras una orden de allanamiento firmada por Espínola, los nueve cazadores fueron encontrados en el campo “La Salada”, propiedad de Salvador Héctor Rosignolo.

 LOS CAZADORES

Como todos ellos son Toay, excepto los hermanos , que viven en Santa Rosa, el magistrado los autorizó a regresar inmediatamente a sus casas en tres camionetas y les ordenó como reglas de conducta fijar sus domicilios –de lo que no podrán ausentarse sin orden judicial– y concurrir todas las veces que sean requeridos, ya que sino la prisión preventiva se hará efectiva.

Cupayolo los investigará específicamente por violar “las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia” artículo 205 del Código Penal, delitos contra la salud pública); y la ley 22.421 (caza furtiva). El defensor oficial, Edgardo Javier Trombicki, solicitó que la prisión preventiva sea bajo arresto domiciliario.

La audiencia de formalización, tal como viene trabajando la justicia provincial durante la cuarentena, se realizó a través de videos llamadas de Whatsapp entre todas las partes (los imputados permanecían en la comisaría), coordinadas por el responsable de la Oficina Judicial local, Nicolás Rojo.

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