Días atrás, la comunicadora Agustina Pasaragua publicó en el portal de la Agencia de Noticias de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Buenos Aires (ANCCOM) una nota bajo el título: ¿Puede convertirse una práctica cultural en un delito?
El 21 de octubre pasado- sostiene el artículo de Pasaragua publicado en ANCCOM- la Cámara Federal de La Pampa recurrió al Ministerio Público por el matrimonio forzado de una joven de quince años integrante de la comunidad gitana. La causa se inició el 12 de mayo cuando una asistente social de Santa Rosa realizó una denuncia ante la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia a partir de la confesión de la joven. La profesional narró que se acercó al domicilio para continuar con su asistencia pero su madre le informó que ya no vivía allí porque se había casado con un miembro de la comunidad. El equipo conversó con la adolescente y remitió un informe que concluyó con indicios de maltrato familiar, estado de vulnerabilidad subjetiva y sociocultural en la entrevistada, factores de silenciamiento y condicionamiento en su relato y riesgo psicofísico, entre otras cuestiones.
Por ello, los camaristas Silvia Fariña y Roberto Amabile insistieron en investigar ciertos indicadores del testimonio de la niña, aunque por razones legales no pudieron conversar con ANCCOM. En su declaración, Amabile sostuvo que “cualquier forma de unión forzada, aun bajo rituales o costumbres culturales, importa el supuesto de la ley que implica obligar a una persona a contraer matrimonio o cualquier tipo de unión de hecho que presente análogas características al matrimonio y que tenga como finalidad cualquier forma de explotación; en especial, en el caso del matrimonio infantil dado que no se cuenta con el consentimiento pleno, libre e informado de una de las partes o de ninguna de ellas”.
Juan Carlos Domínguez Lostaló, representante argentino del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente afirmó, en diálogo con Infojus, que “hay fenómenos culturales que se pueden transformar en delito”. La llegada de los derechos humanos como eje transversal en toda práctica social y cultural, obliga a especialistas jurídicos a revisar las normas culturales. Domínguez Lostaló resalta la complejidad de rever las costumbres de las diversas comunidades y agrega que «esto no es un problema de género ni de cultura, son cosas que hay que hablarlas y en profundidad, porque estás contra siglos de costumbres. Las transformaciones son lentas, pero tenemos que por lo menos aumentar las condiciones de dignidad de las personas, de no discriminación de grupos o sectores vulnerables”.
Frente a esta situación, ¿cuál es el límite entre el derecho a la identidad cultural que tiene una comunidad y los derechos humanos? ¿En qué momento se deberían invocar los derechos humanos universales frente al respeto por la diversidad de tradiciones? Para analizar la situación, ANCCOM dialogó con Jorge Emilio Nedich, escritor, referente de la comunidad gitana en Argentina, quien también fue citado por las fiscalías de La Pampa: “Acá hay una realidad: si la chica no quiere casarse no la pueden obligar y la comunidad tiene que entender que no hay discusión, los derechos humanos están por encima de las personas, y por encima de las leyes argentinas están los derechos humanos”. En este sentido, en la actualidad, muchos países siguen permitiendo los matrimonios forzados con menores de edad. Según el informe Estado de la población mundial 2020 de la ONU: “De los 107 millones de niñas que viven en América Latina y el Caribe, 60 millones están casadas antes de cumplir los 18 años”.
El arreglo de los matrimonios y la compra de la novia en la comunidad gitana siguen existiendo, sobre todo en las familias más tradicionales. Con el consentimiento de sus padres y cumpliendo con el arreglo, el novio paga la dote. Nedich detalla que gradualmente la comunidad va entendiendo la ilegalidad de los matrimonios celebrados con menores de edad: “El gitano fue tomando ciertas normas culturales que han hecho revisar la edad de estos casamientos, pero es verdad que aún quedan familias conservadoras”. A su vez, el escritor manifiesta que en la comunidad hay una fuerte violencia patriarcal vinculada a la falta de educación: “Hay 40 % de personas indocumentadas que no reciben ningún tipo de educación formal, el Estado los excluye del sistema educativo y es por eso que no tienen conocimiento de sus derechos ni los del otro”. Al no estar capacitados, no cuentan con un trabajo formal por lo cual tampoco tienen acceso a un sistema de salud, aportes, ni acceso a créditos.
Por su parte, la Voria Stefanovsky, gitana e integrante del Observatorio de Mujeres Gitanas y pareja de Nedich, organizó a finales de septiembre de este año, el Congreso Internacional “Educación, Derechos e Igualdad para el Pueblo Gitano”. Allí, explicó no solo la realidad de la comunidad sino también las desventajas de ser mujer en ella. Las mujeres, pero sobre todo las niñas, se ven mucho más perjudicadas y discriminadas en la educación formal, ya que suelen salir antes de la escuela por cuestiones vinculadas al género. Para la referente, las mujeres gitanas sufren una triple marginación: por etnia, por género y por cultura. Y agrega, “Hay una manera conservadora de ver, muy tradicionalista, porque no quieren que la mujer se aculture o se enamore de un joven que no pertenece a la comunidad. Por fuera de la comunidad, antes de ver una mujer la gente ve a una gitana. Por eso estas cuestiones son una lucha a atender”.
Sin embargo, ambos entrevistados manifiestan que el problema no está solo en la falta de educación y exclusión, sino también por los estereotipos que circulan: “Se nos ve como un pueblo que viene de lejos con tradiciones paganas, entregadas al vicio, descalificando a la mujer como esposa, mujer, amiga, donde el varón gitano es ladrón o estafador. La gente tiene que entender que no todos somos así”, dice Stefanovsky. Luego agrega que entre las mujeres “hay un fuerte contenido de antigitanismo de género como la bruja, hechicera, seductora, roba niños”. Para Nedich resulta fundamental considerar al gitano y la gitana como sujetos de derecho empezando por el reconocimiento de su cultura: “La mayoría de las cosas de las que se los acusa se solucionan con educación, pero parece que invertir en educación para el pueblo gitano políticamente no garpa”.
La falta de políticas públicas y de reconocimiento cultural acompañado de estereotipos muestra la importancia de realizar cambios tanto a nivel institucional como en el imaginario de la comunidad; no solo para reconocer sujetos de derechos sino también para la promoción de los derechos de la niñez y adolescencia y la equidad de género.
Escrito por: Agustina Pasaragua en ANCCOM
Fotos de: Gentileza Diego Martinez
