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A cinco años del ataque al edificio donde funcionaban el diario Tiempo Argentino y Radio América, la Justicia avanza en la producción de pruebas sobre "la presunta complicidad entre la policía y la patota que aquella madrugada del 4 de julio de 2016 intentó despojar de su fuente laboral a unos 400 trabajadores de prensa del diario y la emisora”, informó el diario recuperado en su edición de este domingo.
Los trabajadores habían formado parte del denominado Grupo 23, cuya titularidad era de los empresarios Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, quienes en diciembre de 2015 dejaron de pagar los sueldos. Ante esta situación, los trabajadores decidieron pernoctar en las oficinas de ambos medios para resguardar sus herramientas laborales, con el apoyo del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y el permiso del Ministerio de Trabajo.
En las primeras horas del 4 de julio, en una noche fría y lluviosa, un grupo de hombres, muchos de ellos con antecedentes penales, dirigidos por el empresario Mariano Martínez Rojas, irrumpió en las redacciones, que funcionaban en la calle Amenabar 23, en el barrio porteño de Colegiales. Ingresaron a los golpes, generando importantes destrozos, cuyas impactantes imágenes dieron la vuelta al mundo.
En ese entonces, el empresario Martínez Rojas aseguraba haber comprado los medios, aunque luego se demostró la falsedad de la afirmación. Actualmente se encuentra detenido por otras causas.
“Esta semana, en coincidencia con el aniversario, se movió nuevamente la causa después de que estuviera paralizada. Ya procesamos a Martínez Rojas. Pedimos que se investigue y avance en la participación necesaria de la policía para que existiera el ataque. A cinco años, nuestra respuesta sigue siendo señalar a los responsables y además hacer lo que sabemos, investigar desde nuestro oficio para saber qué fue lo que pasó esa noche y en ese ataque contra la libertad de expresión”, dijo a Télam Federico Amigo, presidente de la Cooperativa por Más Tiempo.
Ante el vaciamiento, la asamblea de trabajadores decidió organizarse como cooperativa y editar por su cuenta el diario, transformándolo en semanario, así como seguir sosteniendo el portal https://www.tiempoar.com.ar/, que hace unos días fue relanzado.
Según reveló Tiempo Argentino, luego de que insistieran con el pedido a lo largo de todos estos años, el juez el Marcelo Martínez de Giorgi, del Juzgado Criminal en lo Correccional Federal N° 8, finalmente ordenó la Jefatura de la Policía Federal que tome las medidas necesarias para dar con los datos personales y el destino de todos los efectivos que se encontraban cumpliendo servicio en la ex Comisaría 31 en la fecha del ataque, para saber qué funciones tenía cada policía en ese momento y que se establezcan los móviles que estaban asignados a esa seccional con sus respectivos choferes y acompañantes. La dependencia policial se transformó ahora en la Comisaría Vecinal 14-B, al fusionarse gran parte de la Policía Federal con la Metropolitana, dando lugar así a la Policía de la Ciudad.
El juez Martínez de Giorgi buscará determinar los números de teléfonos celulares que había en cada patrullero y si poseían un sistema de rastreo satelital que “permitiera conocer su ubicación en tiempo real y si al día de la fecha resulta posible obtener los datos registrados sobre la ubicación de esos móviles durante la noche en cuestión”.
Por el hecho, fueron imputados 15 hombres, acusados de “usurpación, daño, interrupción de la comunicación y robo”, entre los que se cuentan Martínez Rojas y el empresario Juan Carlos Blander. Pero la querella apunta también contra la policía.
“Desde ese 4 de julio venimos sosteniendo que el ataque de la patota de Mariano Martínez Rojas a la redacción de Tiempo fue posible por la connivencia de la Policía Federal, que lo acompañó y le dijo al cerrajero convocado que tenía que forzar el ingreso porque se trataba del ‘dueño’”, explicó la referente de , referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), María del Carmen Verdú, abogada de la Cooperativa Por Más Tiempo y del SiPreBA.
“Martínez Rojas y su patota nunca hubieran podido forzar su ingreso al edificio sin la cooperación policial. Desde la querella queremos llegar al juicio oral con todas las imputaciones completas. Sin los policías, no lo vamos a permitir”, afirmó la abogada de la Cooperativa. .
“El procesamiento del comisario Jorge Guillermo Azzolina fue revocado por la Cámara Criminal y Correccional Federal, que lo reemplazó por una falta de mérito, argumentando que faltaba producir prueba a su respecto. Pasaron casi dos años, y recién ahora el juzgado empezó a producir las medidas necesarias para establecer cuál fue la intervención policial, que no solo incumbe a Azzolina, sino también al subcomisario Gastón Aparicio, que fue el hombre de azul en el lugar”, indicó Verdú.
En otro de los artículos que publica el diario recuperado en su edición dominical, titulado "La noche que no pudieron silenciarnos", varias de las personas que acudieron a solidarizarse con los trabajadores brindaron su opinión. “Mi compromiso tenía que ver con que había estado en la formación como cooperativa. Sentí el desafío que habían asumido, el de recuperar un medio de comunicación, y también lo que significaba como beneficio para el conjunto de los trabajadores y de nuestro pueblo”, dijo Eduardo Murúa, hoy director nacional de Empresas Recuperadas en el Ministerio de Desarrollo Social.
