Se conformó la primera Asociación de Defensores y Defensoras de La Pampa: "Es un hecho histórico para la defensa pública"

La defensora penal Dra. María Antonella Marchisio, quien fue elegida como presidenta de la flamante organización, confirmó en diálogo con InfoHuella que en la última reunión realizada en la capital pampeana se terminó de definir la conducción y próximamente se presentará la documentación correspondiente ante el órgano administrativo provincial.

"La decisión por unanimidad fue que la presidencia esté a mi cargo, la vicepresidencia a cargo de Walter Vaccaro, defensor penal de General Pico; la secretaría a cargo de Claudio Martínez Sabio, defensor penal de General Acha, y la tesorería para la Dra. Paula Arrigone, defensora penal de Santa Rosa", detalló Marchisio.

También integran la conducción autoridades de las cuatro circunscripciones judiciales de la provincia, tanto del fuero penal como civil. La Dra. Soledad Trímboli (Victorica), Alejandro Caram, Guillermo Constantino, Nidia Conde, Marco Mezzasalma, Héctor Freigedo, Mariela Annechini y las defensoras civiles Gabriela Pregno y Manuela Rosales forman parte de la comisión directiva y revisora de cuentas.

Una necesidad histórica

La creación de la asociación marca un punto de inflexión para el colectivo de defensoras y defensores públicos de La Pampa. Según explicó Marchisio, esta iniciativa se enmarca en un proceso de organización interna que busca fortalecer el rol institucional de la defensa pública.

Es un hecho histórico para nosotros. Teníamos el antecedente de la Asociación de Fiscales, que hace años funciona con representación provincial. Sentíamos que era el momento de tener un espacio propio, porque nuestras funciones y necesidades son distintas a las de jueces y fiscales

Uno de los objetivos centrales de la asociación será reivindicar la defensa pública como un derecho constitucionalmente garantizado, y al mismo tiempo como una obligación indelegable del Estado. En este sentido, Marchisio subrayó la importancia del rol que cumple la defensa oficial en el acceso a la justicia:

"La mayoría de las causas civiles y penales en la provincia son representadas por defensores públicos. No es un dato menor, porque esto repercute directamente en las condiciones en las que esta labor se lleva a cabo".

Autonomía y jerarquización

La asociación también trabajará para impulsar la autonomía funcional y financiera del Ministerio Público de la Defensa, en línea con lo que establece la Constitución Nacional.

"Aspiramos a tener un Ministerio Público de la Defensa verdaderamente jerarquizado, con independencia y autarquía. Esto nos permitirá diseñar políticas propias y atender nuestras problemáticas específicas", explicó Marchisio al diario digital del oeste.

La flamante presidenta agregó que este espacio permitirá formular propuestas, asesorar técnicamente, trabajar en protección de derechos humanos y acompañar a los y las defensoras en el ejercicio de sus funciones, tanto civiles como penales.

Un rol amplio y clave en el proceso judicial

Marchisio también destacó el rol complejo y de múltiples dimensiones que cumplen defensoras y defensores públicos. En el fuero penal, acompañan todas las instancias del proceso —investigación, juicio, recursos, impugnación y ejecución— pero además asumen la representación de víctimas como querellantes, una función cada vez más significativa y sensible dentro del sistema judicial.

La defensa pública no solo asiste a imputados, sino que también representa víctimas, lo que implica intervenir incluso en políticas criminales que inicialmente son delineadas por el Ministerio Público Fiscal

En tanto, en el ámbito civil, las defensoras asumen tanto tareas judiciales como extrajudiciales, que incluyen por ejemplo intervenciones en instancias de mediación y acompañamiento en situaciones altamente conflictivas.

Representación de los sectores más vulnerables

Uno de los aspectos más destacados que remarcó la defensora tiene que ver con el perfil de la población representada por la defensa pública, conformada en su mayoría por personas en situación de vulnerabilidad

"Representamos a quienes no tienen otra forma de acceder a la justicia. Mujeres, niños, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, sectores con problemáticas habitacionales, de salud mental y personas privadas de su libertad. Es una población mayoritaria que acude a la defensa pública porque no puede costear un abogado particular", explicó.

En ese marco, Marchisio alertó sobre el recrudecimiento de situaciones de violencia, reclamos alimentarios y problemáticas de salud mental, que se han intensificado en el último tiempo, agravadas por la crisis social y económica que atraviesa el país.

"Esto genera una mayor carga de trabajo, y por eso insistimos en la necesidad de jerarquizar las áreas que trabajan con los más vulnerables. La defensa pública es uno de los sectores más postergados del sistema de justicia", concluyó.

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