Se trata de un terreno ubicado en el departamento San Martín, del norte provincial, por el cual el productor agropecuario Juan José Karlen fue condenado por “desobediencia judicial”, en un fallo sin precedentes en Argentina, dictado en 2015.

El proceso penal iniciado con posterioridad a una multa administrativa fue impulsado por el entonces fiscal penal 1 de Tartagal, Pablo Cabot, y la sentencia penal de seis meses de prisión condicional fue dictada por la jueza Azucena Vázquez, de la Sala II del Tribunal de Juicio de Tartagal, el 2 de octubre de 2015, consignó El Federal.

A la sentencia le siguió una demanda civil millonaria que, tras una compleja conciliación entre el demandado y la Procuración General de la provincia, homologada por la jueza Civil de Tartagal, Claudia Yance, permitirá la recuperación total del bosque arrasado.

En el acuerdo, Karlen cedió sus pretensiones agropecuarias sobre las 11.000 hectáreas desmontadas clandestinamente, que equivalen a la mitad de la extensión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y convino un plan de recomposición ambiental que abarcará toda la finca y se extenderá por 30 años.

Entre otros objetivos, se contempla por dicho lapso el establecimiento de un vivero con un stock mínimo de 120.000 plantines por temporada de bosque nativo, diversificado con especies de la zona, los que servirán para la forestación del bosque arrasado.

Se calcula la plantación de entre 200 a 245 árboles nativos por cada hectárea, como así también una importante inversión en materia social, que incluye a miembros de comunidades aborígenes y criollas.

Asimismo, se establece que en caso de violar el acuerdo, la finca quedará afectada hasta su total recomposición natural, como área protegida privada.

La propuesta, considerada sin precedentes en materia de recuperación ambiental en Argentina, se logró en el marco del proceso de conciliación que la jueza abrió, como obliga el Código Procesal Civil, tras la condena de seis meses de prisión condicional impuesta a Karlen por el delito de desobediencia judicial.

La demanda civil derivó en una cifra estimada en 171 millones de pesos, que surgió de un estudio ambiental.