La Defensoría General de La Pampa adhirió al Acuerdo por la regulación del Cannabis

Provinciales 10 de octubre de 2019 Por
El cannabis es la sustancia psicoactiva más utilizada en el país y carece de regulación legal. En principio, el Acuerdo tiene como fin agilizar consultas y motorizar la discusión entre los operadores jurídicos con el objetivo de garantizar la Salud Pública y generar información relevante y contrastable en política de drogas en la provincia de La Pampa.
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El 21 de septiembre pasado, se llevó adelante el lanzamiento del Acuerdo por la regulación legal del cannabis. Mediante nota firmada por los referentes Facundo Rivadeneira, Emilio Ruchansky y Florencia Corbelle, se le expresó a la Defensoría General la importancia de incorporar a la Defensa Pública de La Pampa al Acuerdo, con el fin de agilizar consultas y motorizar la discusión entre los operadores jurídicos.

¿Qué busca el Acuerdo?

El Acuerdo busca desarrollar una regulación legal del cannabis para uso adulto, fundada sobre criterios de salud pública. Propiciar un debate con base en la evidencia científica, sin prejuicios morales, con el objeto de cambiar el estatus legal del cannabis, a partir de reconocer la existencia de un mercado clandestino y los costos que eso trae aparejado para la salud y seguridad de las personas que consumen. También asumir las consecuencias negativas que acarrea para otras miles, que son encarceladas por cultivarlo o venderlo al menudeo, muchas veces como práctica de supervivencia.

InfoHuella accedió al informe que Defensa Pública La Pampa compartió en redes sociales, donde señala que la herramienta está integrada por distintas Organizaciones del campo de los Derechos Humanos, las Ciencias Sociales, la Seguridad, la Educación y la Salud Mental, asociaciones civiles dedicadas a difundir información sobre reducción de riesgos y daños sobre el cannabis y sus distintos usos.

LOS OBJETIVOS

Los objetivos que resultan trazados son compatibles con los que patrocinan este Ministerio Público de la Defensa, en tanto promueve la libertad y la dignidad de las personas y descalifica la imposición estatal de una ética privada, una moral paternalista y perfeccionista hacia cualquier ciudadano o ciudadana. A su vez, propone generar información relevante y contrastable en política de drogas, para lograr un debate informado al momento de regular el cannabis para uso adulto. Esto favorece el respeto por la autodeterminaci ón de las personas y la búsqueda de la máxima protección de la salud individual y pública, como valores complementarios .

La convocatoria pretende una reforma profunda de las políticas de drogas, que ponga al Sujeto en el centro de las acciones tendientes a mejorar la salud y la seguridad, entendidas como derechos. Y auspiciar acciones favorables a un marco de regulación del cannabis, cuyos enunciados se resumen en los siguientes puntos de consenso:

1.- La regulación legal del cannabis en la Argentina para personas mayores de 18 años es una medida necesaria y urgente, que debe basarse en el respeto por las libertades individuales y las prácticas culturales. Esta regulación busca minimizar las secuelas del narcotráfico y proteger la salud pública, no promover el consumo.

2.- Tanto el consumo responsable del cannabis y sus derivados, como su acceso en condiciones que impliquen la máxima reducción de riesgos, daños y vulnerabilidade s constituyen el principal objetivo de las políticas públicas en la materia. Restricciones similares a las vigentes para el tabaco podrían aplicarse al cannabis.

3.- El cannabis es la sustancia psicoactiva más utilizada en el país, después del alcohol y del tabaco. Las características del mercado ameritan un sistema de producción, distribución y comercializació n a gran escala, que cubra la demanda existente y sea lo suficientemente estricto para resguardar los fines sanitarios de la regulación.

4.- El autocultivo y los clubes sociales o las formas cooperativas para producir cannabis deben ser protegidos por la regulación, al igual que la disponibilidad de semillas. Son prácticas amparadas constitucionalm ente que además posibilitan el acceso democrático y equilibran el precio de mercado.

5.- La regulación legal del cannabis presupone no criminalizar conductas asociadas al consumo. Esto también aplica al resto de las sustancias psicoactivas, como sostiene el fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De lo contrario, se seguirán coartando derechos humanos de lxs usuarixs de estas sustancias.

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