InfoHuella
El gobernador, Sergio Ziliotto, renovó el reclamo al máximo órgano judicial de la Nación para que “fije un caudal hídrico apto para recomponer el ecosistema afectado” en un vasto sector noroeste pampeano. El cauce está seco desde noviembre de 2019 y se agrava el daño ambiental en la región.
Ziliotto acude por primera vez en su condición de Gobernador de La Pampa a la Corte Suprema de Justicia. El motivo es insistir en el reclamo ya realizado para que se garantice un caudal mínimo que permita comenzar el proceso de recomposición del ecosistema de esa región pampeana.
La presentación en la corte la realizó la Fiscal de Estado, Romina Schmidt, por mandato del Gobernador, y se constituye en un peldaño más en la larga lucha que libra la provincia de La Pampa para recuperar los derechos que la asisten sobre el recurso hídrico que debería surcar territorio pampeano.
Sin agua desde noviembre de 2019
El escrito presentado a la Corte le informa que el pasado 29 de mayo se constató mediante actuación del Escribano General de Gobierno el “mantenimiento del cese total de escurrimientos del Río Atuel en el ingreso a La Pampa”.
Se detalla que los datos del sistema Evsoft, implementado por Evarsa SA, y perteneciente a la red hidrológica nacional, venía brindando on line a las partes involucradas en el conflicto, datos que daban cuenta de una disminución total de los caudales ingresantes al territorio pampeano desde el mes de noviembre de 2019 a la actualidad.
Daño ambiental probado
La presentación se remite a la sentencia dictada por la propia Corte Suprema de Justicia de fecha 1 de diciembre de 2017, en la que dio por acreditado “el daño ambiental que el mantenimiento del cese total de escurrimientos en el cauce del río produce en el ambiente”.
El caudal, de acuerdo al estudio holístico realizado por la Universidad Nacional de La Pampa “no debe ser inferior a 4,5 metros cúbicos por segundo, con calidad química del agua de 2.450 µS/cm. y deberá ingresar a La Pampa de modo permanente”.
La delegación del RENATRE La Pampa realizó inspecciones en La Humada y Algarrobo del Águila junto a UATRE. Detectaron trabajadores no registrados, incumplimientos salariales y falta de elementos de protección.
