Moro en Sedronar: aumentó el consumo de drogas a nivel nacional

Si aumentaron todos los indicadores, quienes vienen desempeñando cargos públicos hace años en el campo de las adicciones están más que obligados a rendir cuentas. Varios de los que integran “el mejor equipo de los últimos años” de la Sedronar deberían hacerlo. Apuntándole a Moro y, recordando declaraciones del diputado socialista Luis Solana, Wood hizo un repaso sobre una gestión que, al igual que en La Pampa, a nivel nacional, la batalla a las drogas desde el Estado, se está  perdiendo.

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 Por Esteban Wood

Si hay una muletilla técnica, algo así como una suerte de tic, que define a quienes hoy cumplen funciones en la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (ex Sedronar), es el concepto de "políticas públicas basadas en la evidencia". Al amparo de este eslogan, lo que se pretende instalar es que toda intervención en el campo de las adicciones debe ser evaluada mediante instrumentos estadísticos que permitan cuantificar la problemática, para saber si una política funciona o no funciona.

Así, una política pública sobre drogas sería efectiva si logra producir un cambio estadístico en un universo objetivo. Dicho de otro modo, bajar las prevalencias de uso de sustancias en una población o franja etaria determinada hablaría de una intervención exitosa, que podría ser validada empíricamente desde la propia evidencia y replicada a otros planos. A la inversa, si los indicadores de consumo de drogas aumentan, estaríamos ante políticas públicas que deberían ser readecuadas o bien descartadas por su potencialidad de daño.

Este mismo concepto de "políticas públicas basadas en la evidencia" debería también aplicar a los funcionarios y los técnicos responsables de la hechura de esas políticas. En tiempos en los que tanto se discute sobre modernización de la administración pública, la meritocracia, la eficacia, la eficiencia y los nuevos paradigmas de la gerencia estatal, el éxito de una intervención debería redundar en un reconocimiento a quien llevó adelante esa política. A la inversa, el incumplimiento de los objetivos definidos en una intervención debería ser objeto de, cuanto menos, algún tipo de reproche. En un campo tan sensible como lo es el de las adicciones, especialmente si la lupa se pone sobre las poblaciones más vulnerables, fracasar no es inocuo ni gratuito. Por el contrario, la potencialidad del daño es inmensa.

En reiteradas oportunidades hemos escuchado al titular de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, Roberto Moro, decir que la Argentina está "en el peor momento de consumo de drogas de la historia", de haber encontrado a un organismo devastado, y referirse a la inexistencia de planes y programas en el ámbito nacional durante años. Quizás no existe mejor facilismo que el de culpar a los antecesores por las propias falencias, limitaciones e incapacidades de gestión. Si bien esta particularidad suele ocurrir en todos los planos de la vida, se hace más patente en el ámbito de la política. En otras palabras, todo lo realizado por una gestión anterior es objeto del más cruento y destructivo revisionismo.

El problema es cuando la frontera entre pasado y presente no es tan tajante, y cuando quienes hoy desempeñan funciones en un ámbito de tanta especificidad como lo es el de las políticas sobre drogas y adicciones también fueron parte de la denominada "pesada herencia" desde sus anteriores funciones públicas. Porque, mal que le pese al secretario de Estado y a muchos de los integrantes de su gabinete, los alumbramientos desde repollos son un cuento para chicos. Ninguno de ellos vio la luz el 10 de diciembre del 2015. Muchos de ellos, incluso algunos delegados que hoy representan a sus provincias en el Consejo Federal de Drogas (Cofedro), vienen desempeñando cargos desde hace ya más de diez años. No parece muy astuto esto de andar salivando hacia arriba. Menos que menos cuando se invoca tantas veces la idea de pretender llevar adelante "políticas públicas basadas en la evidencia".

Las estadísticas son un instrumento de suma utilidad no sólo para medir la evolución de un fenómeno a lo largo del tiempo, sino también para evaluar la eficacia o el fracaso de las políticas públicas durante ese período. La última encuesta nacional elaborada por el Observatorio Argentino de Drogas presentada a fines de junio no sólo confirmaría que estamos en el peor momento de consumo de sustancias psicoactivas en la historia de nuestro país, sino que claramente algo mal se ha venido haciendo en los últimos años. Y si aumentaron todos los indicadores, quienes vienen desempeñando cargos públicos hace años en el campo de las adicciones están más que obligados a rendir cuentas. Varios de los que integran "el mejor equipo de los últimos años" de la Sedronar deberían hacerlo. En especial, quien hoy define, determina y programa las políticas públicas sobre drogas en nuestro país.

El peronista pampeano Roberto Moro fue convocado por el presidente Mauricio Macri tomando en cuenta su experiencia como subsecretario de Salud Mental y Abordaje de las Adicciones del Ministerio de Salud de la provincia de La Pampa, desde el 2007 hasta fines del 2015. "Resulta curioso que quien integró el peor equipo de salud que tuvo la provincia de La Pampa ahora acredite idoneidad para tremenda responsabilidad a nivel nacional. Otra prueba que demuestra que a veces el rango no está en función del mérito. En los ocho años de gobierno de Jorge se incrementó la oferta de droga en toda la geografía pampeana, lo que tuvo correlato en el consumo de sustancia psicoactivas en nuestros jóvenes" declaró oportunamente el diputado provincial Luis Solana, al conocer la designación de Moro, en diciembre del 2015.

En ese momento, muchos interpretaron las declaraciones del legislador socialista como un mero fuego de artificio retórico para enlodar el nombramiento de su coterráneo. Solana tomaba las encuestas de la Sedronar en población escolarizada para exponer el rotundo fracaso de las políticas públicas sobre adicciones en La Pampa: el consumo de tabaco entre jóvenes pampeanos trepó del 34,3% (2005) al 35,9% (2011); el de alcohol, del 60,2% (2005) al 73,1% (2011); el de pasta base, del 1,1% (2005) al 2% (2011); el de cocaína, del 1,6% (2005) al 2,9% (2011).

Hoy, a la luz de las flamantes estadísticas difundidas por el Observatorio Argentino de Drogas, y comparándolas con los datos de prevalencia de año registrados en el 2008 (Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de Sustancias Psicoactivas-Indec), las previsiones de Solana constituyen una rotunda e irrefutable verdad, pues son el mejor reflejo de cómo Moro "gestionó" las políticas sobre drogas en su provincia. Así, en nueve años, el uso de alcohol pasó de 59,48% a 72,8% en población de 12 a 65 años. Más preocupante aún es el consumo de marihuana en La Pampa: pasó del 0,97% al 6,3%, una variación de más del 500 por ciento. Ni que hablar del consumo de cocaína, que del 0,06% (2008) llegó al 1,7% (2017).

"Durante sus ocho años no hizo nada". Palabras del mismísimo gobernador de La Pampa, Carlos Verna, al opinar sobre la gestión del actual titular de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas durante su criticado paso como subsecretario provincial. A confesión de parte, relevo de más pruebas.