
Preocupación en La Pampa por el impacto ambiental de futuros proyectos mineros sobre el río Colorado
La Fundación Chadileuvú advierte sobre los riesgos para el agua y la vida en La Pampa por los proyectos mineros en Mendoza.
“La mayoría corresponden a Santa Rosa, luego le sigue General Pico y en menor medida Relmo, Victorica, Guatraché, Bernasconi, Toay y Quehué”, dijo a Diario Textual, Nancy Villamil, referente del programa en nuestra provincia.
Provinciales19 de abril de 2024Bronca y enojo, como sinónimos de lo que sienten 104 jóvenes de La Pampa que recibían una ayuda del Gobierno nacional en el marco del Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales (PAE) y que era por un monto de 120 mil pesos, lo que les permitía poder pagar, en su mayoría, una parte del alquiler de las viviendas.
El monto que se les asignaba mensualmente corresponde al 80% del Salario Mínimo Vital y Móvil.(el último pago fue de $124.000). “La mayoría de lxs jóvenes con esa asignación pagan el alquiler. Algunxs de ellxs tienen hijos pequeños, otros estudian en el nivel terciario o universitario”, agregó.
Villamil aseguró que por el momento estas familias son asistidas con una ayuda económica por los Centros de Gestión Municipal. “Esto es para que puedan sostener el alquiler pero ya no les alcanza”, resumió.
A nivel nacional ya se están organizando en todo el país para unificar el reclamo de estas políticas de cuidado: trabajadores de organismos de infancia de todo el país y organizaciones sociales, se unen en el Colectivo PAE para defender los derechos de más 3500 adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales, titulares del Programa de Acompañamiento para el Egreso (PAE).
“Las autoridades nacionales del Ministerio de Capital Humano, Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y Subsecretaría de Políticas Familiares no brindan información oficial sobre el desarrollo y continuidad del programa que brinda un apoyo afectivo y económico a jóvenes egresados de hogares residenciales que estuvieron bajo protección del Estado por haber sufrido vulneraciones graves como malos tratos y abusos en sus familias de origen”, expresaron en un comunicado.
Y remarcaron que desde hace tres meses, la transferencia de la asignación económica se demora cada vez más, y el último pago -correspondiente al mes de febrero de 2024- no ha sido depositado hasta la fecha y no hay información oficial sobre fecha cierta de cobro. “Desde el principio de corresponsabilidad que tenemos como actores del sistema de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes exigimos que las nuevas autoridades cumplan la ley”, insistieron.
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