El grupo de adjudicatarias y adjudicatarios de viviendas del Desarrollo Urbanístico del plan ProCreAr mediante el mecanismo UVA constató un nuevo episodio que reafirma y potencia la desigualdad de la que son víctimas.
Provinciales01 de febrero de 2021
InfoHuella
“Hemos confirmado que, además de estar en desigualdad con los casi 499 vecinos y vecinas que recibieron sus adjudicaciones antes que nosotros, meses después de que se nos entregaran nuestros departamentos (en el mes de agosto de 2018) el propio Banco Hipotecario entregó en el mismo lugar otros departamentos idénticos con el mecanismo de crédito original”, expresaron.
Unos pagan más de $30 mil, otros $11.600
En un comunicado enviado a InfoHuella expresaron que “La situación salta a la vista: quienes integramos este grupo de perjudicados, tenemos nuestras cuotas congeladas desde hace 10 meses en casi $20 mil. Si se descongelan las cuotas, pagaremos desde el próximo mes entre $30 mil y $35 mil, cifra que se irá incrementando sin certeza de cómo ni cuánto, y con un crédito que es a 30 años. A eso debe agregarse que para sostener el pago del préstamo nos es obligatorio afrontar expensas, impuesto inmobiliario y tasas municipales”.
“Si en menos de 2 años y medio, el valor de la cuota se triplicó, ¿qué nos espera para el futuro?”, se cuestionaron.
“El resto de quienes fueron adjudicados con viviendas idénticas (las mismas condiciones, en el mismo lugar y con el mismo valor pero por un crédito a 20 años), saben que pagarán durante este año cuotas de $11.654; que aumentarán al año siguiente a $12.367,83; al año siguiente a $13.110 y así, con incrementos parecidos cada año, llegarán pasado el tiempo a un máximo de $21.198,49”, manifestaron los adjudicatarios y adjudicatarias.
“Viviendas iguales no pueden tener distinto valor, y mucho menos un valor tan disímil. Es una desigualdad escandalosa”, agreagaron.
Todas las personas que recibieron previamente su casa o departamento, e incluso quienes la recibieron después, accedieron al crédito que correspondía al programa original para viviendas populares.
En el medio, tomado como “conejillos de india” de la operatoria UVA durante el gobierno de Mauricio Macri, quedó este grupo de familias que asiste con desesperación al descongelamiento de las cuotas, lo que en ciertos casos tornará el crédito impagable y forzará el abandono de esas viviendas.
Si hasta ahora hay un porcentaje nulo o bajo de mora en el pago de los créditos se debe sencillamente a que las cuotas fueron congeladas o diferidas, porque de no haber sido así habría casos de inevitable incumplimiento.
Un caso especial
“Apelamos- continuaron - a que en ese contexto, amén de las decisiones que haya para los UVA en general, se tome la situación de los ProCreAr como un caso especial, que merece –al margen de las presentaciones judiciales que pueda haber– de una decisión política porque fue el Estado el que nos empujó a esta situación, tomándonos como rehenes de una verdadera estafa”.
Si el Estado no define medidas concretas para este caso, estará avalando el bastardeo de un programa de viviendas para el sector trabajador transformado en un negocio usurero en favor de algunos bancos. Es necesaria una decisión política para evitar que este episodio se use como antecedente de que el PROCREAR –que ahora se retoma como corresponde– vuelva a ser tergiversado en un futuro.
La historia, paso a paso
Las familias que están en esta situación se inscribimos para acceder a esta vivienda, como las más de 500 personas que accedieron por este mecanismo, en el año 2015. Salvo alguna aislada excepción.
El sorteo de ese año no los benefició y tuvieron que seguir esperando. El ProCreAr asomaba como la única posibilidad de tener un techo propio.
Aunque la construcción de sus viviendas estaba ya terminada durante la gestión que culminó en 2015, la entrega se demoró sin explicaciones lógicas. Ya en ese momento, por el retardo estatal, se vieron perjudicados y en condiciones desiguales: tuvieron que seguir pagando alquileres, en esa época a precios exorbitantes, hasta que se hizo la entrega recién en agosto de 2018.
“Previamente, el propio Estado nos invitó a participar del nuevo sorteo: tenían nuestros datos en ANSES, a partir de la inscripción de 2015 y nos incentivaron a participar del nuevo trámite. Nunca nos aclararon que estaban planeando modificar las reglas del juego para beneficio de los bancos y que el programa de viviendas populares sería tergiversado de semejante modo”, detallaron.
Ese sorteo se hizo en setiembre de 2017
“En octubre de 2017 el Estado nos informó que estaba “haciendo gestiones” para invitar a que distintos bancos “participaran en el financiamiento”. O sea que hasta ese momento no había ni noción del mecanismo crediticio”, expresaron.
“Después de varios meses de incertidumbre- recordaron-, repentinamente en el segundo semestre de 2018 el Banco Hiptecario nos convocó a los apurones a firmar papeles y documentación, había una bajada de línea del gobierno nacional para por fin entregar los departamentos en un acto con la presencia de autoridades de los gobiernos nacional y local”.
El día que se firmó la documentación, ante un planteo para que se explicara mejor el mecanismo del crédito, que nunca había sido detallado, autoridades del Banco Hipotecario intentaron tranquilizar, “nos dijeron que las cuotas serían absolutamente accesibles (alrededor de $11.000) y calcularon que tendrían incrementos de “150 o 200 pesos por mes””.
Obviamente nada de eso ocurrió.
Ahogo, presión y engaño
Presionados por el Estado en alianza con el sector financiero, engañados y con información escondida o brindada a retazos, les presentaron la documentación a firmar para acceder a sus viviendas en un contexto en el que el crecimiento del precio de los alquileres ya los ahogaba.
“El pago de la cuota de nuestro crédito consiste en abonar cada mes determinada cantidad de UVA. Son menos de 500 UVA mensuales. Cuando se hizo el sorteo de nuestras viviendas, y nadie nos había hablado del UVA, el valor de ese índice era de 19,86. Hoy, el Banco Central calcula el valor de UVA en 67,73 para el próximo 15 de febrero”.
“En síntesis: aun si nos hubieran avisado de la aplicación de UVA -cosa que no ocurrió- en el momento en que nos sorteaban como adjudicatarios hubiéramos pagado al mes unos $9.930. Ahora, $33.865. De más está decir el modo en que ese mismo período se achicaron nuestros salarios en comparación con la inflación”, manifestaron los adjudicatarios y adjudicatarias del Desarrollo Urbanístico del ProCreAr.
“También sabemos que no somos el sector social más necesitado en esta actualidad del país, pero mucho menos vulnerados son los bancos que se enriquecen a costa de nuestro trabajo de cada día”.
Por último, casi como deseo, insistieron: “Insistimos en la necesidad de que el Estado intervenga con una decisión política porque no somos sectores económicos que especulamos en el negocio inmobiliario; ni grandes empresas que apostaron a una maniobra financiera; ni siquiera particulares que hayamos ido a pactar por nuestra propia cuenta con un banco: somos trabajadores y trabajadoras a quienes el Estado, agitando el sueño de la casa propia y valiéndose de la bien ganada fama de un programa de viviendas populares, nos llevó de las narices hacia el UVA y nos hizo rehenes de esa estafa”.
“Aspiramos a que el Estado, que nos condujo a este camino sin salida, ahora adopte medidas concretas para sacarnos de la pesadilla en que nos metió”, finalizaron.
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