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El proyecto de Ley enviado a la Cámara de Diputados busca prorrogar la vigencia de la Ley N° 2.222 hasta el 31 de diciembre de 2026.
Esa norma suspendió los juicios por desalojos de inmuebles rurales ubicados en los departamentos de Chicalcó, Chalileo, Puelén, Curacó y Limay Mahuida, “siempre que fuesen ocupados por cualquier título, por familias o habitantes, indígenas u originarios, o sus descendientes, cualquiera sea el estado procesal en el que se encuentren”.
Esta Ley, que viene siendo prorrogada desde su sanción en el año 2005, es complementaria de las acciones que desde el Poder Ejecutivo Provincial se instrumentan con el objetivo de regularizar la situación registral de inmuebles ocupados por integrantes de pueblos originarios.
Ziliotto considera, y ha manifestado en reiteradas oportunidades, que “es necesario instrumentar los mecanismos que estén al alcance del Estado para proteger las tierras que tradicionalmente ocuparon” los pueblos originarios y, en este sentido, ratifica que la Ley 2.222 “es una herramienta útil para prevenir sus desalojos y brindarles un plus de protección”.
En el año 2018, previo a asumir la gobernación de la provincia, Ziliotto estuvo en el departamento de Limay Mahuida en el puesto de Simplicio Albornoz. Allí, en el oeste profundo y ante los pobladores de la zona, el actual mandatario les garantizó “nadie los va a sacar de acá mientras yo sea Gobernador”.
Simplicio Albornoz es un ejemplo vivo de lucha. Desde hace años pelea en la justicia para evitar el despojo de las tierras que heredó de su padre. Allí, el gobernador Sergio Ziliotto expresó, “sabemos que estas tierras fueron de su papá, son de él y serán de sus hijos y sus nietos”.
En ese contexto Ziliotto le aseguró a Albornoz y otros puesteros de la zona: “nunca los van a sacar de acá. Más allá que existan personas inescrupulosas que están tratando de cooptar tierras en el oeste, de los abogados que contraten o las presiones que puedan llegar a ejercer sobre la Justicia, ustedes siempre van a seguir viviendo en tierras del oeste pampeano”.
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La delegación del RENATRE La Pampa realizó inspecciones en La Humada y Algarrobo del Águila junto a UATRE. Detectaron trabajadores no registrados, incumplimientos salariales y falta de elementos de protección.
El viernes, en General Acha, se reunieron intendentes radicales y algunos del Pro. Fue otra de las reuniones que cada tanto han hecho entre los jefes comunales del interior opositores al peronismo. Esta vez casi no trascendió hacia afuera lo hablado. Ese silencio no es casual: es parte del modo en que se procesa la política en buena parte del país profundo en el actual escenario de incertidumbre.
