InfoHuella
En un comunicado difundido recientemente, el Partido Justicialista (PJ) de La Pampa manifestó su rechazo al fallo judicial contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El documento, titulado “Cuando quien juzga y condena no es el Poder Judicial”, sostiene que la sentencia fue impulsada por el “poder real de la Argentina” y sus “apéndices mediáticos”, transformando lo que debiera ser una resolución jurídica en una mera formalidad procesal.
El texto plantea serias dudas sobre los intereses detrás del fallo y denuncia que las decisiones judiciales coinciden sospechosamente con los calendarios electorales, lo que, según el PJ pampeano, refleja una manipulación del sistema judicial con fines políticos.
Asimismo, el comunicado enviado a InfoHuella acusa a miembros del Poder Judicial de actuar con una “genuflexa actitud” ante la presión mediática y política, privilegiando intereses sectoriales por sobre el cumplimiento del rol constitucional que les corresponde. También señala una “grave connivencia” evidenciada por la difusión de reuniones entre jueces, fiscales y altos funcionarios del gobierno nacional.
Una de las principales críticas del documento apunta a que la condena responsabiliza a la expresidenta por decisiones tomadas por funcionarios de menor jerarquía, lo cual —según el PJ— contradice el esquema de administración pública y las normas sobre el manejo de fondos estatales.
En su declaración, el PJ de La Pampa también advierte sobre la supuesta selectividad judicial, argumentando que las causas contra dirigentes opositores avanzan con rapidez, mientras que los procesos contra figuras oficialistas permanecen estancados desde hace años. En ese marco, remarcan que la igualdad ante la ley se ha transformado en un “eslogan vacío”.
“No pedimos impunidad”, aclara el texto, “exigimos justicia a través de procesos limpios, transparentes y justos”. El comunicado concluye con una fuerte defensa del rol de las urnas como mecanismo legítimo de resolución de las diferencias políticas, y rechaza de plano lo que consideran una “judicialización de la política” que pone en riesgo la democracia y convierte a los adversarios políticos en enemigos penales.
