¿Quién mató a El Pampa? Un crimen, tres culpables y ninguna condena

Por Norberto G. Asquini /Columnista en InfoHuella

¿A quiénes se apunta? A los marinos de la Fuerza de Tareas 5, a los sicarios de la patota de la CNU (Concentración Nacional Universitaria) y en los últimos años a la responsabilidad empresarial de Propulsora Siderúrgica (del Grupo Techint). Este triángulo fue el que coordinó las tareas represivas que terminaron con muertes, torturas, desapariciones y exilios de trabajadores y militantes, varios de ellos compañeros de “El Pampa”.

En los dos primeros casos, ya hubo condenados tanto de oficiales de la Armada como de integrantes del grupo parapolicial. Pero en el caso de Delaturi no fueron acusados por su crimen. Ahora abogados y abogadas que llevan adelante el caso, y que pretenden se sumen las causas contra la Armada y el CNU, apuntan también a la empresa.

Detrás de los responsables

Hablamos con Guadalupe Godoy, abogada querellante en casos de delitos de lesa humanidad como el de Jorge Julio López, y una de las impulsoras de la causa de Delaturi.

“Es un hecho previo al 24 de marzo de 1976, que siempre tienen algunas dificultades en el tratamiento judicial.  Por un lado, ya actuaba la Fuerza de Tareas 5 de la Marina, en todo el cordón fabril de Berisso y Ensenada, pero también la CNU participaba activamente de esos operativos. El caso de  Delaturi  tiene elementos por los que fue mencionado en ambas causas y juicios orales. También hay testimonios que permiten avanzar sobre Propulsora también.  Pero por esos mismos cruces, siempre está la duda sobre la asignación de responsabilidad».

“Hay una causa por responsabilidad empresarial en la que estamos participando. Hay una investigación en etapa de instrucción en el Juzgado Nº 3 de La Plata. Las instrucciones de las causas por responsabilidad empresarial están bastante frenadas porque los programas del Estado que aportaban a estas investigaciones se vaciaron en los últimos cuatro años.  Había un programa sobre la responsabilidad empresarial que quedó frenado. Hubo demoras importantes en las causas, que esperamos que en esta nueva etapa se reviertan», explicó Godoy.

 “La Justicia es lenta, pero en esta se pasaron los tiempos”

Carlos Delaturi, hijo de Salvador, e integrante de HIJOS La Pampa: “Son 44 años sin justicia, estamos buscando que El Pampa descanse es paz. Sabemos que la justicia es lenta pero me parece que en ésta de delitos de lesa humanidad, se pasaron los tiempos. Hoy algunos represores se están muriendo y otros andan como pancho por su casa, y nosotros, la familia, seguimos buscando justicia. Cuál será el tema, no lo sé. En mi caso se han barajado varios temas que fue tal o que tuvo complicidad tal. A nosotros nos dan vueltas: que llamen acá, que vayamos para allá, que presentemos alguna prueba. A veces estamos cansados de buscar, de llamar, de consultar… Pero me voy a ocupar de seguir hasta que el último de la patota que mató y secuestró a mi viejo esté preso. La lucha por justicia del Pampa no va a quedar impune, lo juré en su tumba y cumpliré”.

La pata empresarial

En su momento, un informe presentado por el Programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (del que participaron el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Flacso, CELS e Infojus) reveló la persecución, tortura y desaparición de unos 900 trabajadores por parte de 25 grandes empresas que fueron partícipes del terrorismo de Estado. De estos 354 están desaparecidos, 65 fueron asesinados y más de 450 sufrieron formas diversas de represión, indica el informe.

La firma Propulsora Siderúrgica, del grupo Techint, en Ensenada, fue una de ellas. En 1975 sufrieron persecución y muerte algunos de los trabajadores que estaban más comprometidos sindicalmente. Se contabilizaron 6 asesinatos (3 de ellos durante los primeros meses de 1976 previos al golpe, uno el de “El Pampa” Delaturi), 19 desapariciones y al menos 11 ex detenidos desaparecidos y/o ex presos políticos que fueron liberados. Las y los abogados apuntan al nivel de conocimiento por parte de la empresa respecto de lo que estaba ocurriendo, la entrega de documentación facilitadora de la represión, así como la existencia de indicios que indican que la empresa participó de diversas maneras de los hechos represivos.

El brazo ejecutor: la patota del CNU

Salvador Delaturi en enero de 1976, que había sido obrero y dirigente sindical en Propulsora, ya no trabajaba en la firma ante las amenazas por parte del aparato represivo ilegal. El 13 de enero de ese año fue secuestrado junto a Carlos Scafide, también de la empresa, y ambos fueron seguidamente asesinados. Se encontraron sus cadáveres dinamitados. La ejecución estuvo a cargo de la banda del CNU que comandaba Carlos “El Indio” Castillo.

En 2019 la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a prisión perpetua impuesta a “El Indio” Castillo y anuló la absolución de Juan José “Pipi” Pomares, por su participación en crímenes de lesa humanidad perpetrados por la patota entre febrero y abril de 1976. Ambos habían sido juzgados por el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata, en 2017, por secuestros y homicidios, entre otros delitos, de 7 personas. Una de ellos Leonardo Miceli, trabajador de Propulsora en abril de 1976, quien fue asesinado junto a otro trabajador y delegado de esa firma, Carlos Satich y otra víctima.

 Y la pata de la Armada

Antes del golpe, la Fuerza de Tareas 5 (FT5), que comprendía las dependencias y el personal de la Armada y Prefectura, tenía plena jurisdicción sobre la represión en la zona, hacia noviembre de 1975. Existió una subordinación de bandas paraestatales como el CNU a la inteligencia del Ejército, y especialmente en el caso del grupo comandado por el “Indio” Castillo, se detectó una cadena de mandos que implicaba una coordinación. A partir del golpe del 24 de marzo de 1976 el aparato represivo naval concentró buena parte de sus operaciones en el sindicalismo combativo de las fábricas de la zona.

En 2015 tres ex jefes de la Armada fueron condenados a prisión perpetua y otros dos a 25 años de prisión, al igual que tres integrantes de Prefectura, por delitos de genocidio cometidos durante la dictadura militar en perjuicio de trabajadores fabriles de las ciudades de Berisso y Ensenada. La medida la dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata.

Se los imputó en los homicidios calificados de Miguel Orlando Galván Lahoz y Roberto Pampillo, dos abogados laboralistas, en octubre de 1976, además de varios casos de privaciones ilegales de la libertad agravadas y tormentos.

Además, el Tribunal ordenó que se reparen los legajos de las víctimas para dejar constancia de los verdaderos motivos del cese de ex trabajadores perseguidos de Propulsora Siderúrgica. También resolvió remitir documentación al juzgado Federal 3 de La Plata para que investigue la responsabilidad de otros jefes de la Armada y de los directivos de las empresas y los sindicatos que actuaron en esa zona durante la dictadura.