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Colectivo municipalizado: la política del hacerse cargo

 La municipalización del transporte público en Santa Rosa cerró un largo debate. El municipio se hizo cargo de los micros urbanos dejando de lado a las empresas privadas. Una medida de la gestión kirchnerista de hacerse cargo de los servicios públicos. Ahora se vendrá otro debate: el de la eficiencia del Estado.

Opinión 25 de mayo de 2020 Escribe en InfoHuella: Norberto Asquini Escribe en InfoHuella: Norberto Asquini
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Por Norberto G. Asquini / Columnista de InfoHuella

Para tomar una decisión política, para dar el paso, para hacerse cargo, hace falta convicciones, pragmatismo y oportunidad. Con el intendente Luciano di Nápoli se conjugaron las tres condiciones para conseguir la municipalización de los colectivos.

Vamos a las convicciones. El kirchnerismo impulsó durante la década larga que estuvo en el poder políticas de nacionalización de sectores económicos y una impronta de estatización como opción ante las privatizaciones. Luego de los gobiernos K, la sociedad en su mayoría escogió un Estado con amplia presencia, al que se bien le pide frenar el despilfarro o la corrupción, también le demanda que conserve buena parte de los espacios ganados en la economía y en su acción promotora de derechos e incluso subsidiaria, indica Mario Riorda al analizar las tendencias políticas de los últimos años. El debate por un Estado mínimo naufragó durante el gobierno del macrismo. Y el papel central que asumió durante la actual pandemia Covid-19 terminó por darle fuerza a esa línea.

Peronismo y estatización

El peronismo tiene disposición y capacidad para mutar y reinventarse (como pasar del menemismo al kirchnerismo) según el momento histórico, pero también una identidad política con ideas fuerza como el estatismo y el distribucionismo económico. Alejandro Grimson, fino analista del peronismo y hoy asesor del presidente, indica que ante las “mil caras” del movimientismo peronista “el tema es quien sintetiza la heterogeneidad y con qué orientación política en cada coyuntura”.

Di Nápoli representa hoy la impronta K en el peronismo pampeano, una visión renovadora y la cara de una gestión donde priman los funcionarios jóvenes, que llegó para mostrarse haciendo. Lejos se está de los 90 y el dejo administrativista del jorgismo (1991-2003), que prefirió mantener el servicio de colectivos en manos privadas antes que pasarlo a la cooperativa.

La decisión tomada por Di Nápoli no fue solo empujada por las circunstancias: fue un eje de campaña, un proyecto pensado en la usina camporista hace tiempo y se definió cuando ya se terminaba el subsidio para la empresa.

Esto no significa que haya hacia dentro del peronismo una visión K que diferencia la gestión de Santa Rosa del resto del peronismo pampeano en este sentido. El hacerse cargo por parte del Estado de los servicios públicos cuando nadie más puede, o quiere hacerlo, se vio reflejado en otros momentos. Principalmente en las crisis económicas.

En General Pico durante los años 90 muchos servicios públicos fueron municipalizados, lo que podría decirse fue la contracara de la concepción santarroseña de entonces. Durante las gestiones de Luis Campo (1995-2007), continuada por Jorge Tebes (2007-2012 por renuncia), frente a la debacle del país, se asumió el servicio de riego, el del avión ambulancia, el laboratorio de medicamentos y la planta de asfalto, entre otros servicios. También las ambulancias de emergencias médicas y el policlínico, que después pasaron a la Provincia. Se impulsó la cooperativa que trata los residuos urbanos y se municipalizó y después se concesionaron los micros a Corpico. Por supuesto, General Pico es deficitario, pero no se puede achacar al asumir funciones y servicios para sostenerlos. Ese espíritu está presente en los grandes, y en los chicos. En Metileo, por poner un solo ejemplo y cercano a Pico, se asumió la distribución de gasoil a los productores rurales y una panadería municipal para bajar los precios.

Los que quieren, y los que no

Hay también una cuestión pragmática en la municipalización. El servicio en Santa Rosa era ineficiente y deficitario (mantenido a fuerza de subsidios estatales). Por la misma plata que se le daba a la empresa, y un poco más, el municipio se hace cargo del problema. Un problema además que se arrastraba desde hace años.

Las administraciones municipales habían preferido dejarlo en manos privadas. A pesar de ejemplos como el del intendente Francisco Torroba (2008-2011) que municipalizó la recolección de basura. Lo que llamó entonces “un cambio ideológico” para la capital provincial.

Además de lo ideológico, de las convicciones, está la cuestión pragmática y de oportunidad. El peronista Luis Larrañaga (2011-2015), le dio la concesión a Autobuses Santa Fe, y el radical Leandro Altolaguirre (2015-2019), continuó con esa política. Ambos prefirieron una empresa privada a asumir el servicio. La oposición torrobista continuó igualmente pidiendo estatizar ese servicio con Larrañaga, aunque con Altolaguirre no lo sostuvo.

Es cierto igualmente que ambos jefes comunales intentaron que lo tomara la CPE para hacerlo cooperativo, como pensó Di Nápoli, pero desde la entidad solidaria dijeron que no. La impronta progresista de la cooperativa comenzó a languidecer con los años y se prefiere apostar a lo seguro del negocio de las telecomunicaciones. El transporte urbano es un servicio público necesario, pero es un dolor de cabeza por los costos que implica.

Esta discusión también marca los campos en los que están ubicados cada sector político. Cuando se votó la municipalización en el Concejo, la oposición del ex Cambiemos sorprendió al rechazar el acuerdo mutuo del intendente con la empresa, primer paso para la estatización. Aunque después sí acompañó la creación del Ente Municipal de Transporte Urbano que tendrá a cargo el manejo de los colectivos.

Desafíos de lo que viene

Di Nápoli va a gestionar con la impronta con la que llegó al gobierno. Representa la renovación, las ideas de un peronismo “nacional y popular” y que entiende al Estado como protagonista. Se terminó un debate que era entre servicio estatal o privado. Pero que cada caso depende de las tres condiciones que mencionamos.

En breve, con los desafíos que tendrá el poner en marcha los colectivos municipalizados, se abrirá otra discusión que muchos opositores no dejarán pasar: la eficiencia del Estado. Porque si bien ese debate debería cerrarse, en el caso puntual de Santa Rosa, con el ejemplo de la recolección de basura, los ojos críticos de la oposición estarán puestos en Di Nápoli y en cómo funcionará su creación. Una batalla cultural se ganó. Ahora hay que sostenerla en los hechos.

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