Por: Luis Alberto Cazanave

Por un lado, la necesidad de transitar libremente en todo el ámbito de la república a través de calles y rutas. Y, por otro, el derecho que tienen los que sufren algún tipo de insatisfacción, de reclamar frente a los responsables de lo que ellos consideran una injusticia.

Como de costumbre, a veces, el tono de esta discusión, es apacible y, otras, fuerte de ambos lados. Siempre que ello ocurre, a mí personalmente, me parece que hay una notable ausencia del Estado, responsable directo de lograr los equilibrios para evitar que dos derechos terminen siendo un conflicto.

Desde hace tiempo en este portal, se han venido publicando cronológicamente, sin que esto cause mayor sorpresa, una serie de siniestros viales con animales sueltos sobre ruta 10. Gracias a la providencia o a Dios, cada cual sabrá a quien agradecer, en ninguno de los casos hubo que lamentar víctimas fatales. Pero es evidente que esto, podía ocurrir o puede ocurrir, si el problema de fondo no se soluciona. Entre el primer y último siniestro que ocurrieron en un lapso de 60 días, vale recordar nuevamente que fueron cinco en total los choques de autos, camionetas y camiones con vacas, toros y terneros. En todos los casos, la posterior intervención por parte de autoridades, daba como resultado que no se podía avanzar ya que los animales vacunos “eran orejanos”. No poseían marca a fuego que pudieran certificar la propiedad, pero tampoco poseían ningún tipo de caravana que marcaran trazabilidad o, al menos, identificación.

Cuando uno habla con los lugareños, dicen que en las calles de tierra y caminos vecinas que cortan a la ruta 10, es común ver 20 o 30 vacunos sueltos que, con los calores del verano, vagaban en las rutas tratando de saciar su sed, llegando a la cinta asfáltica de la ruta 10 (la que nos interconecta con el sur y norte de nuestro país)

Cuando prácticamente esta discusión de los siniestros era una constante, apareció otra noticia, que por los menos era más curiosa que la anterior. Se había decidido, por parte de una Comisión de Fomento, suponemos que, con la anuencia del gobierno provincial, alambrar una ruta y ponerle tranquera. Y esto, por supuesto, no tuvo la repercusión que debió tener, ¿se entiende lo que trato de explicar?  Estamos hablando de una ruta provincial, la Nº 13, una de las vías para llegar a uno de los puntos turísticos de nuestra provincia, como lo es el Museo Atelier Antonio Ortiz Echagüe.

Como no podemos determinar la procedencia de los animales y la propiedad de los mismos, la trazabilidad y el estatus sanitarios, etc, lo que se les ocurre a las autoridades, es alambrar una ruta y poner una tranquera. Me pregunto: ¿cuándo alguno de los vecinos o transeúntes, dejen la tranquera abierta, cuál será el próximo paso?, ¿pondrán un candado y repartirán las llaves entre los que quieran por allí pasar?

Aquí se nota que el Estado, no ha podido dar respuestas a un problema que suponemos puede ser más o menos complicado, pero que de ninguna manera se puede soslayar. Primero, por el riesgo de las vidas de los que transitan estas rutas. Segundo, porque no debe ser tan difícil, determinar la procedencia y el lugar de donde salen, porque vale la pena recordar, que estos animales, está sufriendo, entre otras cosas, una falta de agua en pleno verano.

Suponemos, que el único que tiene la respuesta, como de costumbre casi ausente, sigue siendo el Estado, con sus distintos organismos de control y gestión.

Por último, cabe preguntarse: ¿si alguna vez parte de estos animales fueron secuestrados, se restituyeron?, ¿se certificó la procedencia? ¿se pudo resolver el estatus sanitario de los mismos, contemplado en las distintas disposiciones provinciales y nacionales?

Todos los productores que suelen ser linderos con las rutas pueden sufrir la salida ocasional de algún animal ante la ruptura de algún alambrado perimetral. Pero de ninguna manera esto debiera ser una constante y transformar a nuestras fuerzas de seguridad en pastores de animales sueltos en nuestras rutas.