“Milei pretende libertad para meter mano a los fondos de las provincias”

“La delegación de facultades que pretende Milei esconde, entre otros aspectos, el avance sobre facultades que son del Congreso y podría, por ejemplo, modificar las leyes en materia tributaria, afectando directamente la recaudación y la coparticipación de las provincias”, comentó.

Bensusán detalló que “esto no forma parte del plano de lo imaginario, ya está pasando que desde el Poder Ejecutivo Nacional están manejando a su gusto en envío de determinadas partidas, que afectan directamente la vida de las argentinas y argentinos que viven en las provincias. Esto ya sucede desde el inicio del mandato de Javier Milei”.

“Depende qué posición tengan las provincias sobre determinados temas, hay ausencia de aportes no automáticos, pero con afectación específica, como las cajas previsionales, programas de salud, educación y seguridad. Provincias como La Pampa están afrontando la ausencia de estos fondos, pero es una realidad que esto se puede hacer por tiempo indeterminado”, añadió.

Estimó que “en vez de delegarle facultades, debemos garantizar que se paguen las deudas con las provincias. Esta pretensión solo lograría que sume poderes y que las familias de las provincias sigan sufriendo carencias por un manejo discrecional de fondos que son federales”.

“El presidente Milei incumple con el envío de fondos que son fruto de acuerdos y convenios firmados. Esto hace que se resientan los servicios básicos que perciben los estados provinciales. Votar esta Ley es darle el marco legal a lo que hoy se incumple por capricho y estrategia de látigo para el que no se sume a sus políticas de empobrecimiento”, dijo más adelante.

El legislador recordó que, en enero de este año, al ver que el DNU y la Ley Bases encontraban dificultades para que adhirieran las provincias y el Congreso, el propio primer mandatario nacional había jurado que ““los voy a fundir a todos, los voy a dejar sin caja; sin un peso”. Bensusán agregó que “eso ya lo está cumpliendo”.

 Gil Domínguez confirma que la delegación de facultades a Milei puede alterar los montos coparticipables

En su exposición en el plenario de comisiones, el reconocido constitucionalista pampeano, AGD, fue consultado por el Senador Bensusán, respecto a que, con la declaración de emergencia pública, las delegaciones de facultades y las bases establecidas, el Presidente de la Nación ¿podría modificar leyes en materia tributaria, afectando directamente la recaudación, la coparticipación de las provincias?

¿Puede, en el caso de que esta Ley sea sancionada, afectar la discrecionalidad en el envío de aportes no automáticos, con afectación específica para las provincias, como las cajas previsionales, programas de salud, educación, seguridad, entre otras?

Gil Domínguez respondió que sí se puede dar esa situación. “El artículo 76 no establece límite de las materias que deben ser delegadas, especialmente cuando se vincula con la emergencia. Hay un margen, para que el PEN co -legisle para disminuir o aumentar determinado impuesto. Desde ese punto de vista sí se podría”. Refiriéndose específicamente a tributos que van a la masa coparticipable.

El constitucionalista se refirió expresamente a la delegación de poderes pretendida por el presidente Javier Milei, incluida dentro del proyecto de ley Bases.

Consideró que de la manera presentada en la iniciativa es inconstitucional. La conclusión a la que llegó fue luego de dar argumentos sobre las situaciones en que se pueden delegar poderes, ausentes en el proyecto.

Estimó que se trata de delegaciones legislativas encubiertas, sin ningún tipo de control.  “Desde este punto de vista, la delegación legislativa que se propone implica una habilitación al Poder Ejecutivo para que pueda hacer una reforma constitucional encubierta”, concluyó.

Finalmente, aconsejó a las y los senadores que consideran que tienen que darle herramientas al PEN para gobernar que se reformule la Ley 26.122 o un agregado especial, “mediante el cual se establezca que todos los decretos delegados deben ser aprobados en un plazo de 30 o 60 días por el Congreso. De no ser aprobados, se consideran que son rechazados”. Este punto para garantizar una salvaguarda de lo que dice la Constitución.

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