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INICIO DEL CASO
El 9 de febrero de 2018 se presentó en la Unidad de Atención Primaria del Ministerio Público Fiscal Patricia Primucci, secretaria del Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. La denuncia inicial era por el período de enero de 2017, por la presunta comisión de un delito de acción pública, por irregularidades detectadas en la rendición de cuentas.
El fiscal General de la IV Circunscripción Judicial, Armado Agüero, sostuvo en el debate llevado a cabo el pasado jueves que Pablo Emanuel Lázaro Muse, en su calidad de Presidente de la Comisión de Fomento de Rucanelo mediante la utilización de facturas y/o comprobantes de pagos de servicios, sustrajo fondos bajo su administración. La suma investigada asciende a $3.465.769,50. Cabe destacar que la cifra guarda relación con las denuncias radicadas por el Tribunal de Cuentas, durante el año 2018. En la actualidad, esa cifra rondaría los 16 millones de pesos.
¿Cuál es el delito?
El presidente de la Comisión de Fomento de Rucanelo, Pablo Emanuel Lázaro Muse, está imputado del delito de Peculado (Art. 261) y uso de documento o certificado falso o adulterado (Art. 296), en concurso real y como delito continuado.
Este jueves, el fiscal general de la IV Circunscripción Judicial Armando Agüero expuso en debate una extensa carga probatoria. Además de las denuncias del Tribunal de Cuentas, durante el proceso se generaron unas 262 pruebas documentales. Asimismo, se conoció que fueron 266 las facturas duplicadas (truchas) en pagos de servicios y bienes.
Cabe destacar que estas facturas se realizaban con talonario físico (no en la modalidad online que tiene la Afip en la actualidad). Los contribuyentes desconocían que estaban facturando a su nombre.
Hubo 37 testigos, de los cuales declararon sólo tres, ya que la defensa reconoció la prueba ofrecida por el fiscal Agüero. Es decir, la propia Defensa asintió que el resto de los testigos también desconocían que les habían truchado la factura.
PARA AGÜERO, LA MANIOBRA QUEDÓ PROBADA
En su alegato de cierre, el fiscal Armado Agüero pidió la Pena de prisión en suspenso de dos años e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. Además, reglas de conductas, como fijar domicilio y someterse al ente de políticas socializadoras.
Agüero argumentó que está probada la maniobra de truchar facturas para hacerse de ese dinero. “No importa el destino que se le dé a esos fondos – a esto ya lo reiteré en la causa del jefe comunal de Loventuel (Hugo Martínez): si es un fin social, obra pública o los bolsillos de funcionarios. Claro está que, si es el bolsillo, deberá afrontar también el delito de enriquecimiento ilícito. Lo que sí importa es que el delito fue truchar facturas para hacerse de esos fondos, maniobra que no está contemplada en las funciones de un jefe comunal si se rige por la Ley de Municipalidades y Comisiones de Fomento”, sostuvo.
Agüero fue contundente al describir que el imputado – Lázaro Muse – era parte de la maniobra. “No sólo porque bajo su administración, percepción o custodia se cometían los delitos, sino, además, porque de las facturas truchas generó cheques que él mismo terminó endosando y cobrando en persona, según informó el propio Banco de La Pampa”.
“En concreto – agregó Agüero – entiendo que está probada la responsabilidad penal de Lázaro Muse del delito de Peculado (Art. 261) y uso de documento o certificado falso o adulterado (Art. 296), en concurso real y como delito continuado”.
A la fecha, el monto actualizado del dinero recolectado con facturas truchas en 2018 - según surge del Debate - asciende a unos 16 millones de pesos
Por su parte, la Defensora Pública del Ministerio Público Fiscal, María Soledad Trímboli, solicitó la absolución. “Si no prospera la absolución, se requiere peculado culposo”, expresó. Asimismo, solicitó la inconstitucionalidad de la inhabilitación perpetua.
ARGUMENTOS DE LA DEFENSA
El presidente de la Comisión de Fomento de Rucanelo Pablo Emanuel Lázaro Muse - en su carácter de imputado – no declaró en el juicio, ni hizo uso de tener la última palabra. Pero su defensora, María Soledad Trímboli, cuestionó la figura: “Todas las Comisiones de Fomento operan de la misma forma. Será porque los proveedores no están inscriptos. La pregunta es si Lázaro Muse podía hacer algo distinto. Y... “no”. Si él no se manejaba de esa forma, no le mandaban la plata. Eran gastos que iban a la comuna”.
Trímboli sostuvo que no está probado que haya retorno, porque los cheques eran cobrados por empresas proveedoras, como de combustible, artículos de limpieza o una productora de medios (de Santa Rosa), entre otras.
SENTENCIA
Luego de escuchados los alegatos en la Sala de Audiencia N° 1, el Tribunal, conformado por los jueces María José Gianinetto, Carlos Federico Pelegrino y Marcelo Pagano fijó que dará a conocer la sentencia el próximo 13 de junio.
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